Un total de 309 ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela fueron registrados durante el primer semestre de 2023. Esta cifra representa un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo de 2022, denunció la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
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En su más reciente boletín, el CDJ señaló que estos ataques e incidentes de seguridad “reflejan la continuidad de una política de criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela, en el marco de la profundización del cierre del espacio cívico y democrático en el país».
La ONG detalló que del total de casos, 191 fueron estigmatización, 70 de intimidación y hostigamiento, 35 amenazas, cuatro detenciones arbitrarias, tres ataques digitales, dos hechos de judicialización y cuatro cuyo tipo no fue especificado en el informe.
Además, subrayó que en el año 2022 computaron 214 hechos de este tipo.
«Se acentuaron las medidas fácticas y legales para criminalizar, limitar y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de derechos, bajo la lógica del enemigo interno, aumentando los niveles de riesgo para las personas y organizaciones defensoras», describe el documento.
El CDJ indicó que el 89 % de las víctimas fueron organizaciones de derechos humanos y 11 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.
Los principales victimarios fueron:
- Funcionarios públicos (42 %).
- Medios de comunicación gubernamentales (25 %).
- Personas o grupos afectos al Gobierno (18 %),
- Instituciones públicas (11 %)
- Organismos de seguridad (4 %).
El Centro para los Defensores y la Justicia también alertó sobre incremento casos de persecución, represión y judicialización de líderes sindicales “por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de derechos”.
