El panel de expertos sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó sus observaciones ante la cámara de apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los argumentos de la administración de Nicolás Maduro frente a la reanudación de la investigación, los cuales consideraron no “constituyen el cumplimiento de rendir cuentas” sobre el caso.
Tras la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares al autorizar la reanudación de la investigación, el panel compuesto por expertos internacionales independientes, señaló en sus observaciones que el cumplimiento por parte de la administración de Nicolás Maduro a las solicitudes procesales de información del fiscal, las cuales hacen referencia en el escrito de apelación, “no constituye en sí mismo la obligación de rendir cuentas a las numerosas víctimas que han sufrido crímenes de lesa humanidad” en Venezuela.
Por el contrario, el comité opinó que el oficialismo ha adoptado una postura contradictoria en cuanto a su enfoque de la rendición de cuentas.
“Por un lado, se presenta como un estado que aparentemente cumple con sus responsabilidades en materia de rendición de cuentas interna. Por otro, persiste en la comisión de crímenes de lesa humanidad y la represión de la disidencia, incluso mediante la persecución de aquellas víctimas que denuncian delitos cometidos por agentes estatales”, explicó.
El panel de expertos resaltó que, en el contexto actual, la administración de Maduro “no sólo es el autor principal de la mayoría de los crímenes de lesa humanidad” que caen dentro de la jurisdicción de la CPI, sino que también continúa negando “abierta y descaradamente” que estos se han cometido, en directa contradicción con las conclusiones de numerosos hallazgos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de informes de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El pasado 7 de agosto, el grupo de expertos había solicitado autorización a la Cámara de Apelaciones para presentar sus observaciones sobre las cuestiones que surjan del escrito de apelación, la cual fue aprobada el 3 noviembre.
La organización aseguró que continuará su labor de monitoreo de la situación en Venezuela y seguirá proporcionando “información y casos relevantes para el análisis de la situación”.
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