La Constitución de Venezuela cumple este domingo 25 años, tras su aprobación en referendo popular el 15 de diciembre de 1999, enmarcado en un cambio político en el país, y cuyos artículos han sido vulnerados con su omisión o con la aprobación de leyes que trasgreden o sobrepasan lo establecido en la Carta Magna.
El texto, que obtuvo 71% de votos a favor (en una jornada marcada por una alta abstención y elaborado tras la Tragedia en el estado Vargas), buscaba «establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica».
Sin embargo, 25 años después el país vive una de sus mayores crisis políticas, la cual se agudizó tras las presidenciales del 28 de julio, con cientos de protestas, operativos policiales, 28 muertes y 2.400 detenciones (según cifras oficiales), denuncias de violaciones a DD. HH. y hasta conflictos diplomáticos.
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En el marco legal en medio de este contexto convulsionado algunos artículos de la Carta Magna han figurado entre los más mencionados: el Art. 5, el cual establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo», fue citado por Edmundo González Urrutia, en defensa de su reclamado triunfo en los comicios, un proceso empañado por la denuncia de fraude de la oposición y un amplio cuestionamiento internacional a la proclamada victoria de Nicolás Maduro.
El artículo 46 que prohíbe expresamente las torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y señala que todo funcionario que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, sea sancionado de acuerdo con la ley, es uno de los árticulos más violentados. Actualmente, la tortura es uno de los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela en el contexto de las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017.
Asimismo, el Art. 68, señala que «los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas», una obligación que contrasta con las miles de detenciones arbitrarias que han registrado organizaciones no gubernamentales en el país.
Estas detenciones se agudizaron este año especialmente en contra de activistas de derechos humanos. Solo en el primer trimestre de 2024, se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra este grupo, informó la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Asmismo, según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS), registró 5.005 protestas entre enero y noviembre de este año, de las cuales 218 fueron reprimidas.
En el caso de la solicitud de mejoras salariales por parte del sector público, señalado en Art. 91, el cual establece que todo trabajador «tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas», no se ha cumplido.
Actualmente, el salario mínimo se mantiene, desde marzo de 2022, en 130 bolívares, cuando la canasta básica de alimentos para una familia representativa de cinco personas alcanzó los 539,79 dólares en octubre, según estimaciones independientes, un monto inalcanzable incluso con los bonos adicionales de 130 dólares.
Esta situación ha empujado a más de ocho millones a marcharse del país, impulsados por las persecuciones, la falta de progreso y de estabilidad económica.
