La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales este viernes, tras ausentarse por segunda vez a una audiencia de medidas cautelares en el marco de una investigación que lo vincula con presuntos delitos de trata de personas y abuso de una menor.
La audiencia, realizada en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, culminó con la emisión de una nueva orden de aprehensión, el congelamiento de cuentas, la anotación de bienes y el dictamen de arraigo para Morales.
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La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado y exministro Jorge Pérez, rechazó la decisión judicial, argumentando que Morales es «inocente y un perseguido político». Según el jurista, el proceso no ha respetado las garantías legales. «No fue notificado por la Justicia. Por eso es ilegal el mandamiento de aprehensión y la imputación formal. Que nos muestren que llegaron los asistentes del Ministerio Público a su domicilio, eso no existe», afirmó ante los medios de comunicación.
Inicialmente, la audiencia estaba pautada para el 14 de enero, pero fue postergada luego de que la defensa presentara un certificado médico alegando problemas de salud de Morales. Ante esta solicitud, el juez Nelson Rocabado concedió un plazo para que se presentara una evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), lo cual finalmente no ocurrió.
Este caso, activado en medio de tensiones internas en el partido gobernante de Bolivia, involucra una presunta relación de Morales con una menor de edad que resultó embarazada mientras él ejercía la presidencia (2006-2019). En diciembre pasado, la Fiscalía presentó una imputación formal en su contra, lo que derivó en la primera orden de detención y arraigo.
Foto: EFE/ Luis Gandarillas
