Una jueza federal en Estados Unidos impidió que la administración de Donald Trump pusiera fin de manera anticipada al programa de permiso humanitario que protege de la deportación a migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
La magistrada Indira Talwani anuló el lunes la decisión del presidente republicano de cancelar los beneficios del programa CHNV el próximo 24 de abril, al considerar que el Gobierno actuó fuera de los límites establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Talwani, designada durante la presidencia de Barack Obama, sostuvo que la medida no se justificaba legal ni públicamente. “Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, indicó.
La jueza también cuestionó las consecuencias de una cancelación repentina del parole. “Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, afirmó en el fallo.
La orden judicial establece que las protecciones otorgadas bajo este programa deben mantenerse hasta su fecha natural de expiración, en concordancia con la política fijada en octubre de 2024 por la administración de Joe Biden. En ese entonces, el Ejecutivo federal decidió que no renovaría nuevas admisiones bajo el programa, pero permitiría que los beneficiarios actuales completaran el período de dos años concedido, que incluye autorización laboral.
Corte responde a demanda de migrantes y sus patrocinadores
Talwani dejó claro que su resolución aplica específicamente a intentos de terminación masiva sin evaluación individual. Esta decisión responde a una demanda interpuesta por personas en libertad condicional y sus patrocinadores, quienes alegaron que la suspensión abrupta del programa generaría daños significativos a miles de familias.
La abogada Anwen Hughes, representante legal de los demandantes y directora sénior de estrategia legal en Human Rights First, expresó su satisfacción con el fallo. “En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, expresó.
