La reciente aprobación de un convenio entre la ciudad de Doral y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha desatado una oleada de inquietud entre los residentes, especialmente en la comunidad venezolana, que representa cerca del 40 % de la población local.
Fue firmado un memorando entre las autoridades de la ciudad de Doral y la oficina de ICE: el objetivo es que los policías reciban capacitación para operaciones migratorias.
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El acuerdo, suscrito bajo el programa federal 287(g), autoriza a la policía local a ejercer funciones de control migratorio como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de violar leyes migratorias, competencias que tradicionalmente recaen en manos de agentes federales.
“Significa que cuando te detengan por una infracción de tránsito llegue ICE. Que te detengan porque no pareces un documentado y llegue ICE, como ha pasado en otras partes del país”, alertó Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, quien tildó la decisión como una “traición” a la confianza que la comunidad ha depositado en las autoridades municipales. En su opinión, la medida alimenta el temor, perjudica la cohesión social y podría tener efectos adversos en la economía local.
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Desde la administración municipal, sin embargo, la narrativa es distinta. La alcaldesa Christi Fraga aclaró que la firma del acuerdo responde a la necesidad de entrenar a ciertos agentes y no implica una delegación total de funciones migratorias.
“La ciudad no tiene recursos para hacer servicios migratorios, no es nuestro deber y no lo vamos a hacer”, sostuvo. En la misma línea, la vicealcaldesa Maureen Porras insistió: “Nuestro Departamento de Policía tengo la confianza que no va a empezar a violar los derechos de las personas aquí”.
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El concejal Rafael Piñeyro, el único venezolano en el concejo municipal, también trató de calmar los ánimos: “En el Doral la comunidad venezolana en su mayoría, mientras exista un TPS o estatus pendiente, están legales”.
Al mismo tiempo, llamó a no estigmatizar a sus connacionales: “No tenemos que utilizar a la comunidad venezolana como conejillo de indias”, expresó. Piñeyro aseguró que la implementación del programa no se basará en criterios raciales ni de apariencia, sino en estrictos fundamentos legales.
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La aprobación de este acuerdo se inscribe en una tendencia más amplia de endurecimiento de políticas migratorias en el estado de Florida, promovida por el gobernador Ron DeSantis, quien ha impulsado la colaboración entre agencias locales y ICE. Con más de 200 agencias participando en el programa 287(g), Florida lidera en número de instituciones involucradas en este esquema a nivel nacional.
En Doral, la decisión ya ha fracturado la confianza entre ciudadanos y autoridades, y amenaza con reconfigurar la relación entre migración, seguridad y derechos civiles en una de las ciudades con mayor presencia venezolana del país.
