Amnistía Internacional denunció en su más reciente informe que el régimen de Nicolás Maduro empleó “desapariciones forzadas” como parte de una estrategia sistemática para sofocar la disidencia tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
La organización aseguró que este patrón de represión representa una violación grave a los derechos humanos y podría constituir un crimen de derecho internacional. Según el documento titulado “El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, la respuesta del régimen al descontento ciudadano fue inmediata. “Tras el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE)… miles de personas salieron a las calles para manifestar su rechazo. La respuesta del Estado fue inmediata y marcó un nuevo punto crítico”. La organización sostuvo que estos hechos no son aislados, sino parte de una política planificada desde las más altas esferas del poder.
El informe detalla que “las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales”. Esta práctica ha incluido la detención de ciudadanos, cuya ubicación permanece oculta por horas o incluso semanas. “La autoridad no brindaba información, negaba su detención u ocultaba su suerte y paradero”, señaló la ONG.
Amnistía también alertó sobre la posible motivación política y diplomática detrás de la detención de extranjeros. “En varios casos, la detención habría sido motivada por la nacionalidad de las víctimas… como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países”. La organización advirtió que esta práctica no solo es “inhumana”, sino que vulnera el derecho internacional humanitario.
De acuerdo con cifras aportadas por el Foro Penal y citadas en el informe, “al menos 46 personas continuaban desaparecidas” al momento del cierre del documento, muchas de ellas detenidas por organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). “Este informe documenta el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como parte de dicha política”, resalta.
Amnistía Internacional presentará una nueva investigación sobre crímenes de derecho internacional en #Venezuela.
📢 El informe expone nuevos hallazgos, testimonios y evidencia de violaciones graves cometidas por el Estado. pic.twitter.com/JTASb5lhJv— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) July 12, 2025
Familias también son víctimas: el impacto prolongado de la represión
Amnistía Internacional reiteró que estos actos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias, al provocar un sufrimiento prolongado. “La desaparición forzada de personas constituye una violación grave de derechos humanos… y es considerada también un crimen de derecho internacional”. Por ello, la organización exigió al régimen de Maduro cesar de inmediato estas prácticas y garantizar justicia para las víctimas.
El informe de Amnistía Internacional comprende un análisis detallado de 50 páginas, que abarca hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025, periodo posterior a las elecciones presidenciales. Durante este lapso, la organización documentó un patrón sostenido de “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política”, criminalización de la protesta y uso de violencia estatal contra quienes expresaron descontento con los resultados electorales o ejercieron defensa de derechos humanos.
