Una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune, Cazadores de Fake News y los medios venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga reveló que el gobierno del presidente Donald Trump deportó a 238 inmigrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, a pesar de que la mayoría no tenía antecedentes penales en Estados Unidos.
Los periodistas accedieron a documentos oficiales y elaboraron perfiles individuales de cada deportado, basados en documentación oficial. Según detallaron, al menos 197 de los migrantes no tenían condenas por ningún delito en territorio estadounidense. Solo seis habían sido encontrados culpables de delitos violentos, y menos de una docena acumulaba condenas adicionales, ya fueran en EE. UU. o en otros países.
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Uno de los hallazgos más importantes indica que casi la mitad de los deportados —118 hombres— fueron expulsados cuando aún tenían procesos de inmigración abiertos, lo cual, según la legislación vigente, debió protegerlos de la deportación. “Algunos estaban a unos pocos días de su audiencia final”, según el reportaje.
La investigación también concluyó que el gobierno estadounidense basó parte de sus criterios de expulsión en la presencia de tatuajes, asociando estos símbolos con la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, al entrevistar a familiares y revisar expedientes judiciales y documentos oficiales, no se hallaron pruebas concretas que vincularan a los deportados con dicha organización. “Los tatuajes no son un indicador fiable de pertenencia a la pandilla”, destacaron los expertos citados en el reportaje.
Más allá de las acusaciones, la investigación también reveló el perfil socioeconómico de los migrantes. Los datos muestran que la mayoría de los venezolanos deportados tenían entre 18 y 46 años y se encontraban trabajando al momento de su detención. Al menos 20 eran barberos o estilistas, 38 trabajaban en construcción y 25 se desempeñaban como repartidores o conductores de plataformas digitales.
Investigación no encontró vínculo de deportados con bandas criminales
Como parte de la metodología periodística, se consultaron registros judiciales de Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, así como un informe de Interpol que enumeraba a más de 1.400 presuntos integrantes de pandillas. Según detallaron, al comparar esta información con los nombres de los deportados, no se hallaron coincidencias en los antecedentes penales a nivel internacional.
Además, destacaron que la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no respondió a preguntas específicas sobre los casos, pero la funcionaria sostuvo que “Trump está comprometido con el pueblo estadounidense a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense y a expulsar a los delincuentes y terroristas indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad pública”. El Departamento de Seguridad Nacional, consultado también por los medios, evitó emitir comentarios.
Los nombres de los 238 venezolanos fueron publicados por primera vez por CBS News. Para confirmar sus identidades, los periodistas accedieron a diversas bases de datos oficiales venezolanas, incluidos los registros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
