Denuncian que al menos 17 presos políticos en Venezuela están sometidos a aislamiento prolongado

Familiares de presos políticos en Venezuela Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

La activista de derechos humanos Sairam Rivas denunció este martes que un mínimo de 17 presos políticos en Venezuela permanecen en condiciones de “aislamiento prolongado, inhumano e injustificado”.

Mediante su cuenta en X, Rivas señaló que las autoridades vulneran el derecho a las visitas familiares, incumpliendo tanto las leyes nacionales como las Reglas Mandela para el trato a personas privadas de libertad. “Algunos llevan meses, otros cumplen un año, sin el abrazo ni el contacto con sus seres queridos. El aislamiento también es una forma de tortura”, destacó la defensora.

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En este contexto, Rivas convocó a una protesta digital para visibilizar la situación de estos presos. Durante la jornada, anunció que se difundirán los nombres y las historias de quienes sufren estas medidas, calificadas como violaciones directas a los derechos fundamentales.

Por otro lado, Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, reveló que lleva más de 200 días sin noticias de su esposo, Rafael Tudares, detenido el 7 de enero. “Somos una familia venezolana como tantas: trabajadora, sin poder ni influencia, que vive y lucha en este país. No tenemos culpa de los conflictos que hoy nos afectan a todos. Ser familia no puede ser motivo de castigo”, afirmó.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón también denunció la situación del periodista Rory Branker, arrestado en febrero, cuyos familiares desconocen su ubicación, estado físico y situación legal. “El silencio institucional es una forma de violencia que prolonga el sufrimiento de su familia”, enfatizó el comunicado.

Foro Penal contabiliza 853 presos políticos en Venezuela

Según datos actualizados de la ONG Foro Penal, el país cuenta con 853 presos políticos, de los cuales 759 son hombres y 94 mujeres. No obstante, el régimen de Nicolás Maduro insiste en negar la existencia de detenidos por motivos políticos, alegando que enfrentan cargos por delitos comunes, versión rechazada por diversas organizaciones y sectores de la oposición.

 

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