La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo en vigor una orden que elimina los Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, decisión que puede ser impugnada pero que regirá mientras continúe el juicio, un proceso que podría extenderse meses o años.
El caso surgió tras un dictamen del juez federal Edward Chen, quien había concluido que el Departamento de Seguridad Nacional actuó “con una rapidez y de una forma sin precedentes (…) con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del TPS de Venezuela”. Ese fallo fue apelado por el Gobierno.
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En mayo, el alto tribunal ya había revertido una medida preliminar de Chen que protegía a otros venezolanos con TPS y cuyas garantías expiraron en abril; como es habitual en recursos de emergencia, no explicó sus razones.
Una de las magistradas (de corte progresista), Ketanji Brown Jackson, fijó posición en contra: “No puedo tolerar nuestra interferencia repetida, gratuita y perjudicial en casos pendientes en las cortes inferiores mientras hay vidas en juego, por lo que disiento”, escribió.
Grupos y organizaciones defensoras de los derechos de los venezolanos impugnaron la decisión del gobierno de retirar protecciones que, durante años, permitieron a cientos de miles de inmigrantes vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
