La alcaldesa de la ciudad de Doral (Florida), Christi Fraga, expresó preocupación por el futuro del TPS venezolanos tras el reciente fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que —según advirtió— abre la puerta a revertir protecciones migratorias para cientos de miles de personas.
En un mensaje dirigido a su comunidad, subrayó que la medida podría afectar de forma directa a familias asentadas en el sur de Florida.
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Fraga destacó que los migrantes venezolanos son vecinos, trabajadores y emprendedores que aportan a la economía local y al tejido social de Miami-Dade. Sostuvo que retirar coberturas legales incrementaría el miedo y la incertidumbre en miles de hogares, además de alterar la estabilidad de comercios y servicios en ciudades receptoras como Doral.
La alcaldesa llamó a la Administración y al Congreso a acordar una salida “responsable, humana y de largo plazo” para quienes huyeron de la crisis política y humanitaria en Venezuela. A su juicio, deportaciones no son una opción consistente con los valores estadounidenses; propuso, en cambio, un camino legal claro que reconozca el esfuerzo y permita cumplir las leyes sin poner en riesgo a las familias.
En contexto: El TPS es un amparo migratorio que EE. UU. concede a personas de países con conflictos o emergencias que impiden retornos seguros. La decisión de la Corte —según interpretó la alcaldesa— faculta a la Administración a reducir o revertir esas protecciones, lo que reavivó el debate en Florida sobre el impacto social y económico de la medida en comunidades con alta presencia venezolana.
Fraga aseguró que el tema no es partidista y prometió mantener la defensa de la seguridad y dignidad de los migrantes en su ciudad. Reiteró que Doral continuará acompañando a la comunidad venezolana y abogando por políticas públicas basadas en justicia, compasión y respeto a los derechos humanos.
