La Policía Nacional de España registró este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid y detuvo a su dueño y al consejero delegado como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales.
La compañía, que mantiene vínculos con Venezuela, quedó bajo la lupa de las autoridades en un operativo que marca un nuevo capítulo en las pesquisas sobre su actividad financiera. Según medios españoles, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción número 15, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
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De acuerdo con los reportes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ingresaron a las oficinas de la aerolínea para incautar documentación contable, fiscal y societaria con el propósito de aclarar movimientos financieros considerados sospechosos.
Los funcionarios también accedieron a los sistemas informáticos de la empresa con el fin de reconstruir operaciones que están bajo análisis tras la reactivación de las diligencias. Fuentes policiales citadas por la prensa española insistieron en que esta investigación no guarda relación con otros procedimientos abiertos recientemente por presuntas irregularidades en contratos públicos.
En el caso de Plus Ultra, explicaron, el trabajo de la UDEF se centra en recopilar información que permita determinar el origen y la naturaleza de los movimientos económicos de la compañía. Hasta ahora no se han producido imputaciones formales ni se conocen públicamente los nombres de los señalados.
Fiscalía reabre la investigación sobre el rescate otorgado a Plus Ultra
Según información publicada por El País, la Fiscalía de Madrid decidió retomar la pesquisa vinculada al rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra en 2021 durante la pandemia. Ese expediente se archivó en 2023 debido a errores procesales, pero el Ministerio Público reactivó el caso tras revisar nueva documentación económica de la aerolínea.
Además, los reportes recuerdan que ese rescate generó cuestionamientos públicos porque Plus Ultra tenía una presencia limitada en el mercado español y parte de su accionariado estaba en manos de inversionistas extranjeros, un punto que llevó a distintos sectores, principalmente del ámbito político, a debatir si realmente podía ser considerada una empresa estratégica.
