Las deliberaciones internas de la administración Trump revelaron cómo el petróleo venezolano, el narcotráfico y la inmigración convergieron en una estrategia de presión cada vez más militarizada contra el régimen de Nicolás Maduro, al punto de colocar a Venezuela en el centro de una posible confrontación armada con Estados Unidos.
De acuerdo con The New York Times, el giro se aceleró en la primavera de 2025, cuando Donald Trump —en plena negociación política interna— exigió a su equipo demostrar que podían golpear con fuerza al chavismo sin ceder completamente el control del petróleo venezolano a China. El dilema giró en torno a Chevron: mantener la única presencia estadounidense en la industria petrolera venezolana o cancelar su licencia para endurecer el cerco económico contra el régimen.
También puedes leer: EE. UU. busca asfixiar al régimen de Nicolás Maduro para forzar su salida, según analista
En ese contexto, las agendas de Marco Rubio y Stephen Miller comenzaron a alinearse. Rubio, con una línea histórica de confrontación contra el chavismo, impulsó la narrativa de que Maduro debía ser tratado como un capo del narcotráfico. Miller, arquitecto de las políticas antiinmigratorias de Trump, vio en Venezuela una oportunidad para vincular seguridad nacional, deportaciones masivas y acción militar bajo marcos legales de “tiempos de guerra”.
Dos meses después, Trump firmó una directiva secreta que ordenó al Pentágono ejecutar operaciones militares contra cárteles latinoamericanos, con énfasis en ataques marítimos. Aunque la justificación pública fue el combate al narcotráfico, la acumulación de poder naval frente a las costas venezolanas dejó claro que el régimen chavista se había convertido en un objetivo estratégico.
La campaña incluyó ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, un cuasi bloqueo de petroleros que entraban y salían de puertos venezolanos y amenazas abiertas de escalar hacia operaciones terrestres. Expertos legales cuestionaron la legalidad de estas acciones, señalando que muchas de ellas podían constituir ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra.
Paralelamente, el oficialismo venezolano fue incorporado formalmente al discurso de “narcoterrorismo”. El Departamento del Tesoro sancionó al denominado “Cártel de los Soles” y lo declaró organización terrorista, mientras Marco Rubio reiteró que Maduro no era un presidente legítimo, sino el líder de una estructura criminal. La recompensa por información que condujera a su captura fue duplicada.
El componente migratorio también fue clave. La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para justificar deportaciones aceleradas de venezolanos, presentando al Tren de Aragua como un instrumento del régimen. Tribunales federales cuestionaron esta interpretación, pero el marco legal quedó instalado como antesala de una eventual confrontación directa.
En medio de estas tensiones, Trump osciló entre castigar y negociar. Suspendió temporalmente la licencia de Chevron, luego la restauró bajo nuevos términos y la utilizó como ficha de presión frente al chavismo, mientras avanzaba silenciosamente en planes militares. La liberación de prisioneros estadounidenses y la reanudación parcial de operaciones petroleras no alteraron el rumbo estratégico.
Hacia finales del año, la ofensiva evolucionó hacia la confiscación de petroleros venezolanos, una medida que golpeó de lleno a la economía nacional y profundizó el aislamiento del régimen. Para la Casa Blanca, se trató de asfixiar financieramente a Maduro; para críticos internacionales, fue una forma de diplomacia de las cañoneras.
El resultado fue una política exterior donde petróleo, drogas e inmigración se entrelazaron para convertir a Venezuela en el principal escenario de presión geopolítica de la administración Trump, con el chavismo como objetivo central y la amenaza de una escalada mayor siempre latente.
