El abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que la aprobación del proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales supondría la anulación de la libertad de asociación en Venezuela.
Daniel explicó que el proyecto «parte de varias premisas que no son reales», entre las que mencionó una supuesta falta de rendición de cuentas que descartó, argumentando que las organizaciones existentes en el país cuentan con su debida inscripción en el Seniat y el Seguro Social.
«El dinero de la ayuda humanitaria, que es el grueso que manejan las ONG, se hace a través de un esquema con Naciones Unidas, donde se rinde cuenta de cada centavo que se gasta ahí, de modo que el origen de los fondos siempre está justificado», detalló el abogado.
Asimismo, advirtió que desde hace cinco años organizaciones con fines orientados a los derechos humanos no han podido ser constituidas en el país, debido a regulaciones aplicadas por el Estado.
