Ali Daniels, co-director de la ONG Acceso a la Justicia (@accesoalajusticia), denunció la existencia de una “política de Estado” en Venezuela de no permitirle a los detenidos -haciendo énfasis en el caso Rocío San Miguel- a tener acceso a la defensa privada y que se divulgue el lugar de aprehensión.
“Esto es sumamente grave porque todos tienen derecho a escoger la defensa que ellos quieren”, explicó.
