La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que los traslados de presos políticos en Venezuela se están realizando de manera arbitraria, sin notificación a los tribunales, familiares ni abogados.
Martha Tineo, coordinadora de la organización, señaló que esta situación mantiene a los familiares en constante angustia por desconocer el paradero y las condiciones de reclusión de sus seres queridos. “Quiero señalar que estos traslados son arbitrarios… cuando llegan al lugar, simplemente se les notifica que su familiar ya no está allí y no se les ofrece ninguna información, y esto pone nuevamente a los familiares en la búsqueda incesante y angustiosa para dar con el paradero de su familiar y su estado de reclusión”, explicó en Buenos Días de VPItv.
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Tineo agregó que los registros de la ONG contabilizan alrededor de 140 personas en desaparición forzada, además de traslados sin aviso y detenciones de las que no se conoce el paradero. Sobre la totalidad de presos políticos, la coordinadora destacó que el registro es de 1056, aunque reconoció que podrían ser muchos más, ya que algunas familias prefieren no denunciar por temor a represalias.
La coordinadora advirtió que estas prácticas se han convertido en una política de Estado, dejando a los familiares “en incertidumbre y vulneradas, con el temor inmenso de no saber dónde están sus familiares y que puedan estar sufriendo tratos crueles”. Asimismo, denunció que grupos de familiares han reportado amenazas de las autoridades, aunque no hay denuncias concretas formalizadas.
☀️ #BuenosDíasVPItv | Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, sobre situación de presos políticos: “Ya es una política de Estado, las familias quedan en incertidumbre y vulneradas con el temor inmenso de no saber dónde están sus familiares y que puedan estar… pic.twitter.com/nco5DPgWGP
— VPItv (@VPITV) September 18, 2025
Tineo también subrayó que las excarcelaciones son “decisiones políticas”, sin criterios jurídicos claros. “Estamos ante una situación que, lamentablemente, pese a los recursos legales y presiones, sigue estando en manos de las autoridades. No logramos identificar ningún criterio jurídico en las detenciones y excarcelaciones. Los criterios son lo que establezca la autoridad”, concluyó.
