La ONG Human Rights Watch (HRW) instó al gobierno chileno a “poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”.
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“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, se lee en el comunicado de la ONG.
Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile. La mayoría está en el país de manera legal, pero, desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio.
En abril, Chile anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gobierno había deportado a 294 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial. La mayor parte eran venezolanas.
