Justicia argentina acusó a Macri y dos exministros de contrabandear armas a Bolivia tras renuncia de Evo Morales

El expresidente de Argentina Mauricio Macri, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el exministro de Defensa, Oscar Aguad, fueron acusados formalmente por el fiscal Claudio Navas Rial, por supuesto contrabando de armamento y municiones a Bolivia tras la salida de Evo Morales del gobierno en 2019.

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El gobierno presidido por Alberto Fernández denunció a la anterior administración de Macri por el presunto envío de  cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas a Bolivia con el objetivo de “poner ese material represivo a disposición de la dictadura, que recién había tomado el poder en el vecino país de la mano de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado”.

Según la documentación de los hechos en la denuncia, la exportación de este material se dio un 12 de noviembre, dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, fue el encargado de develar esta presunta transacción y presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino en La Paz.

Aunque Terceros replicó que la carta es falsa y que su firma fue adulterada.

En contraparte, Mauricio Macri salió al paso para negar la acusación y aseguró que la única acción que tuvo su gobierno durante el conflicto político y social en Bolivia fue ofrecer asilo “en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”.

También indicó que se trata de una maniobra de su sucesor, Alberto Fernández, “para desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”, dijo en una carta publicada días atrás en las redes sociales.

El fiscal Navas Rial también imputó al exembajador en Bolivia, al exdirector General de Aduanas, al exdirector del organismo que autorizó el envío del material, al exdirector de la Gendarmería (la policía militar de fronteras) y a otros miembros de esa fuerza.

 

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