La Fiscalía de Ecuador, luego de una investigación de varios meses, solicitó pena máxima contra el expresidente de ese país, Rafael Correa, acusado de delitos de corrupción durante su mandato (2007-2017, dos periodos).
La pena pedida por la Fiscalía estipula seis años de cárcel más un tercio adicional de la penal, lo que en total son ochos años por los delitos que se la acusan.
Correa, en el exilio en Bélgica desde 2017, es acusado del delito de cohecho y considerar agravantes, además de tener el control de una organización delictiva dentro del Estado. Señalaron a exfuncionarios de su Gobierno como cooperantes: Jorge Glas (quien fuera su vicepresidente), Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Pamela Martínez, Laura Terán, Christian Viteri y Viviana Bonilla.
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Correa benefició a empresarios
“De forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresarios, asesoraron dentro de la estructura, recaudaron, registraron los sobornos y se beneficiaron de los mismos”, explicó la la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar.
Por último, puntualizó que durante el último gobierno del líder socialista “instauró una estructura de corrupción, ideada para receptar sobornos”.
