Casi 20 millones de personas se encuentran en “situación de necesidad total”, según lo asegurado por Feliciano Reyna, presidente de la asociación civil Acción Solidaria, en medio de una conferencia de defensores de la sociedad civil en la que presentaron sus datos y visión sobre la situación de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela.
La conferencia denominada Eclipse de la Democracia y los Derechos Humanos: Visión y Retos de la Sociedad Civil Venezolana, también participaron Jimena Reyes, directora para Las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora de Alerta Venezuela; Verónica Zubillaga, Fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin); Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
En referencia al planteamiento de una mejora de las condiciones económicas en Venezuela, Reyna apuntó que “algunas zonas de algunas ciudades” se han visto favorecidas, mientras que la otra gran parte de del país se enfrenta a un contraste económico distinto.
En este sentido, destacó las encuestas realizadas por 90 organizaciones a más de 6500 grupos familiares, que arrojaron datos alarmantes, entre ellos que 19,7 millones de personas en Venezuela “están en situación de necesidad del total de 28 millones y medio de personas que conforman la población del país”, mientras que más de 10 millones de personas se mantienen en situación precaria respecto al acceso a sistemas de salud.
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Por su parte, Ligia Bolívar apuntó respecto a la salida de migrantes venezolanos, que existen “razones para que la gente siga saliendo del país porque las condiciones no han variado”.
Señaló a la escasez de alimentos y medicinas, el tema económico, y los temas de seguridad personal vinculados a secuestros express como las razones principales por las cuales continúa este fenómeno.
Respecto a la violencia policial Verónica Zubillaga, destacó que desde el año 2014, la población ha vivido un abuso sistemático debido a “una orden de matar”, que “se revela en las estadísticas” donde se clasifica las “muertes perpetradas en manos de la policía como muertes por resistencia a la autoridad”.
Sin embargo, destacó una disminución de la violencia en el país, que atribuyó a la organización de las estructuras criminales.
En cuanto a las estadísticas de ejecuciones extrajudiciales, Rocío San Miguel indicó que el número de “abatidos en Venezuela” al cierre del 31 de octubre se posicionó en los 648, a manos de cuerpos de seguridad nacional y efectivos militares.
En el caso de la censura, Rafael Uzcátegui de Provea, reportó mas 30 sitios web bloqueados, 69 emisoras de radio cerradas, así como el cierre progresivo de los espacios de opinión, y que además la organización se encuentra en una lista negra de no entrevistados en el país.
Respecto a las negociaciones, los activistas manifestaron encontrarse de acuerdo, siempre y cuando se enfoque en solucionar los problemas reales de los venezolanos.
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