La administración de Nicolás Maduro presentó una serie de “evidencias” ante la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de un nuevo informe que pretende “demostrar” el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos en Venezuela.
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A través de una comparecencia de prensa, Delcy Rodríguez, segunda al mando de la administración chavista en compañía de Félix Plasencia, nuevo canciller y el agente del Estado para los derechos humanos, Larry Devoe, aseguró que el pasado lunes “Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano”.
“Hemos consignado información sobre cómo impactó (las sanciones) la industria productora de medicinas en Venezuela. Más de la mitad de trasnacionales productoras de medicamentos en el país se fueron (…), 15 filiales de empresas farmacéuticas en el año 2016”, indicó Rodríguez al exponer uno de los casos.
También destacó que la empresa del Estado, Hidrocapital, no pudo comprar equipos de bombas de agua para las plantas hidrológicas.
“Con este informe estamos mostrando el efecto y el daño causado. En materia jurídica se puede decir que hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables en esta remisión que se ha hecho a la Corte Penal Internacional para afirmar que se ha cometido un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, dijo.
Rodríguez enfatizó que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos supuestamente perjudicaron a todos los sectores de la economía.
