El reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), alertó de la compleja situación económica y social en Venezuela, tras una evaluación durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.
El sector de la salud enfrenta serios desafíos, en el documento, el ACNUDH señala una escasez de personal médico y de enfermería, lo que afecta al 74,6% y 73,5% de los centros de salud del país, respectivamente, perjudicando “la accesibilidad, la calidad y la disponibilidad de la atención médica” en Venezuela.
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En cuanto al derecho a la salud, el ACNUDH documenta escasez del 27,2% de los “medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades comunes como la diabetes, las convulsiones y las infecciones respiratorias”. De igual manera, las zonas rurales e indígenas son particularmente vulnerables, enfrentándose a una mayor exposición a enfermedades como la malaria, la tuberculosis y “otras enfermedades que afectaban desproporcionadamente a niñas y niños”.
Salario e inflación, un desafío para los venezolanos
El informe subraya las dificultades enfrentadas en el ámbito laboral, destacando las protestas de empleados del sector público en enero de 2024, quienes reclamaban mejores condiciones de trabajo y salarios dignos. Además, destaca que, el salario mínimo, sin cambios desde marzo de 2022, se mantiene en 130 bolívares mensuales (3,61 USD), lo cual no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, contribuyendo al “aumento de los niveles de pobreza y a la falta de acceso a productos esenciales”
“Durante el período que se examina, se plantearon preocupaciones por parte de personas jubiladas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, incapaces de cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, medicinas y tratamiento médico”, indicó.
Por otro lado, ACNUDH señaló que las deficiencias en el acceso a servicios públicos esenciales como agua, electricidad y combustible se han agravado, en parte debido a las “sanciones sectoriales”. A pesar de un crecimiento del PIB del 5% en 2023, la “alta inflación y la devaluación del bolívar”, situación que, según la organización, ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los venezolanos, afectando “desproporcionadamente” a los grupos vulnerables.
En este sentido, el Alto Comisionado reitera a las “autoridades de adoptar todas las medidas necesarias, incluso programas para mejorar el acceso a los alimentos”, así como garantizar salarios dignos y mejorar el acceso a servicios de salud y educación.
