La Procuraduría General de la República emitió este jueves un comunicado en el que aseguró estar en desacuerdo con la decisión de un tribunal arbitral del Banco Mundial, en donde se obliga al Gobierno venezolano a pagar 1.386 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex. La medida sería una compensación por la expropiación de un yacimiento de oro en el estado Bolívar.
Crystallex anunció, a principios de abril, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acordó que Venezuela debía pagar 1.202 millones de dólares más intereses, tras nacionalizarse la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el municipio Sifontes, Bolívar.
“La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su desacuerdo con la determinación del Ciadi”, reza el texto enviado por el ente gubernamental. Asimismo, argumentaron que el Ciadi no tiene la jurisdicción para emitir tal decisión.
“La República ejercerá los recursos legales a su disposición en aras de enervar la evidente injusta y desproporcionada decisión del Ciadi”, concluyó el comunicado.
El Cooperante.
