Un grupo de abogados y profesores de Derecho encabezados por Alberto Arteaga Sánchez, especialista en Derecho Penal, introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), para denunciar a los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal por las sentencias 155 y 156 de finales de abril, con las que se adjudicaron competencias de la Asamblea Nacional (AN) y desconocieron la inmunidad parlamentaria.
El grupo de juristas consideró que hay elementos de convicción para que el MP inicie una investigación contra los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los delitos de conspiración, con una pena que va desde los 8 a 16 años de cárcel, y violación de tratados internacionales, con arresto de 1 a 4 años.
Arteaga manifestó que acudieron ante Fiscalía porque este organismo tiene el monopolio de la acción penal, por lo tanto son los que deben investigar en lo inmediato, si hubo o no comisión de estos hechos por parte de los magistrados.
Desestimó que dichas sentencias pudieran eliminarse con una aclaratoria posterior, como efectivamente ocurrió por un “exhorto” del Poder Ejecutivo.
“Esas aclaratorias carecen de todo valor como lo sabe cualquier abogado o profesor de Derecho. Una sentencia no puede ser revocada. Después de que el hecho se consumó, las aclaratorias son nulas”, explicó. De hecho, para Arteaga esas “aclaratorias” demuestran la carencia de justicia que ocurre en el país.
Además, ocurrieron después de la mediación del presidente de la república, lo que también muestra la ausencia de separación de poderes, uno de los principios de la democracia.
