Andrés Fornerino.- El Parlamento venezolano aprobó darle un plazo de tres días al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab para que califique de “falta grave” la actuación de los magistrados pertenecientes a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las sentencias 155 y 156 con las que subvirtieron el orden constitucional al asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) y desconocer la inmunidad parlamentaria.
Esto se debe a la la falta de respuesta formal por parte del Consejo Moral Republicano, órgano que Saab preside, ante las decisiones de los magistrados que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, catalogó de “ruptura constitucional”.
En el caso de que el Defensor no acate este llamado, se designará a una comisión que investigue su supuesta complicidad “en la participación a un golpe de Estado”.
El diputado a la AN, Henry Ramos Allup, expresó, “El Defensor esta allí para alcahuetear todos las violaciones a los derechos humanos”, por lo que repudió la carencia de pronunciamiento sobre la violación a la Carta Magna con las sentencias del 28 de marzo que reemplazaba al Poder Legislativo.
Allup manifestó: “La mayor tragedia que tiene Venezuela es el Poder Judicial”.
Rechazo a política de armar civiles
Más temprano, el parlamento también aprobó un acuerdo sobre la política de Estado de armar a colectivos paramilitares para cometer crímenes políticos en complicidad con la Fuerza Armada Nacional (FAN) y sobre los casos de persecución e intimidación directa contra la Asamblea y sus miembros.
El presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, indicó que uno de los temas que más preocupan a los parlamentarios y a la comunidad internacional son “los grupos que actúan con impunidad y a la sombra de Nicolás Maduro”.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano informó que más de 400 detenidos en las últimas manifestaciones sin argumentos legales han sido golpeados.
Solórzano agregó: “El gobierno tiene el monopolio del control de las armas en Venezuela, por eso es responsable de los colectivos paramilitares que usan armas de guerra”.
Su homóloga, Gaby Arellano, hizo un llamado a la reflexión a los funcionarios de la FAN a contribuir con las exigencias constitucionales de los ciudadanos que manifiestan pacíficamente.
“De la calle no nos sacaran ni las balas, ni con las difamaciones que se realizan desde Miraflores”, dijo Arellano haciendo referencia a los recientes enfrentamientos entre los manifestantes y grupos armados.
Entre tanto, el diputado, José Guerra se dirigió al ministro de la Defensa, general Padrino López: “Usted tiene la responsabilidad de desarmar a estos grupos violentos antes que se genere un espiral de violencia en el país”.
Finalmente, el también parlementario, Juan Requesens sostuvo: “No son colectivos, son grupos paramilitares que están asesinando a nuestro pueblo que y deben ser juzgados”.
La cámara de diputados informó que el próximo jueves se realizará una sesión especial junto a los ciudadanos, el lugar aún está por definirse.
