Un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que negó el derecho de los ciudadanos a opinar en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, introdujo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos”, afirmó a las puertas del máximo tribunal e informó que en el recurso pidió que se aclare la sentencia 378 que emitió este miércoles 31 de mayo y en la que, al interpretar los artículos 347 y 348 de la Carta Magna, estableció que no es necesario ni “constitucionalmente obligante” realizar un referendo consultivo para llevar a cabo la ANC convocada por el presidente Nicolás Maduro.
Y es que según sus declaraciones, con la decisión del máximo tribunal se elimina la “democracia participativa y protagónica” ya que en esa interpretación se limitaron a dos artículos del Capítulo III del Título IX, en vez de la totalidad de la Constitución, por lo que se obviaron diversos derechos y especialmente el reconocimiento de que el “único depositario del poder constituyente es el pueblo”.
La fiscal enfatizó: “¿Acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? La soberanía no es nuestra, es de los venezolanos”. Consideró que con la sentencia 378 el pueblo queda reducido a su mínima expresión, porque le adjudica mayor relevancia a la representatividad del Ejecutivo que a la participación política de los ciudadanos.
