El cuarto día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se caracterizó por las caras largas que tenían los acusados y sus defensores.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Desde tempranas horas de la mañana, el fiscal Brendan Quigley F. se encargó de enterrar la tesis de la defensa, según la cual los dos hombres no tenían experiencia en negocios de narcotráfico, desconocían por completo la logística que se usa para enviar enormes cantidades de cocaína al mercado internacional, y en especial, que desconocían que la droga que enviarán a Honduras -el 15 de noviembre de 2015- tenía como destino final varias ciudades de los Estados Unidos, publica la periodista Maibort Petit en su blog.
Este viernes no se realizará la quinta audiencia del juicio por ser el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. El juez Paul Crotty informó que el interrogatorio de Santos por parte de la defensa continuará el lunes.
De manera elocuente, Quigley F. fue mostrando a los miembros del jurado cómo los dos acusados habían estado envueltos en otros negocios de narcotráfico.
Motivado a que los abogados defensores lograron desacreditar las fuentes de la DEA, y al hecho de que los informantes confidenciales tienen un amplio historial de récords criminales, el gobierno americano decidió usar directamente las evidencias -validadas por la corte- para probar cada uno de los aspectos que constituyen el delito por el cual los sobrinos de Nicolás Maduro están siendo juzgados.
El fiscal Quigley F. se fue al grano, y mostró las grabaciones como pruebas irrefutables para demostrar el delito, más allá de la duda razonable. En la medida en que se iban escuchando las voces de los acusados, conjuntamente con la del informante encubierto CS1, los dos imputados y sus abogados cambiaron su expresión facial. Hasta Campo Flores, quien suele sonreír a lo largo de todas las audiencias, lució turbado y pensativo.
No son tan “estúpidos”
La defensa había salido airada en los primeros dos días del juicio, logrando generar dudas cuando dijo al jurado que los acusados eran víctimas ingenuas de un plan político orquestado por los informantes y agentes de la DEA para hacerle daño al gobierno venezolano.
Desde este jueves, sin embargo, los presente en la sala pudieron advertir que los acusados estaban dispuestos y eran capaces de explotar sus conexiones políticas para concretar un negocio de cocaína de más de 20 millones de dólares. Y según dijo el mismo Campo Flores, el dinero le ayudaría a pagar la campaña política de su madre, con lo cual su familia mantendría el poder político en Venezuela.
La fiscalía llamó nuevamente al estrado al informante encubierto de la DEA, José Santos Peña. Quigley F. ordenaba escuchar las grabaciones y, luego, le pedía que describiera lo que ocurría en las pruebas de audio y video que él mismo había hecho en las reuniones que sostuvo con los acusados en octubre de 2015 en Venezuela.
La defensa acaba con un informante
La defensa logró acabar con la credibilidad del informante de la DEA CS1. Mostró que Santos es un delincuente que está en prisión por mentir a los agentes de la DEA sobre la importación de grandes cantidades de drogas en los Estados Unidos, mientras trabajaba como informante encubierto.
A pesar de haberse declarado culpable de tres delitos, y de haber firmado un convenio de cooperación con el gobierno en el cual se compromete a no mentir a las autoridades norteamericanas, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas consiguieron en la audiencia de hoy, crear nuevas dudas sobre la veracidad de lo que decía el sujeto.
El abogado de Flores de Freitas, David Rody arremetió contra Santos y divulgó una lista de delitos que cometió en México y en los EEUU, incluyendo un secuestro de unos hombres que se habían robado unos 321 kilos de cocaína. Este hecho ocurrió cuando estaba ligado con el cártel de Sinaloa.
Una de las frases que llamó más la atención de la conversación de Campo Flores con Santos Peña fue la relacionada con las intenciones del acusado de querer hacer los negocios rápidamente. Se molestó porque el contacto inicial con el grupo del “El Sentado”, (un narcotraficante hondureño que fue el primero en dar los datos a la DEA de estos dos sujetos) no había sido satisfactorio.
Reuniones de los sobrinos con narcotraficantes
Campo Flores y Flores de Freitas sostuvieron la primera reunión de esta negociación el 4 de octubre de 2015 en Honduras. Desde ese momento, “cuadraron” el negocio con “El Sentado”, quien también era un testigo cooperante del gobierno norteamericano. Con él acordaron el envío de 1600 kilos de cocaína a Honduras, con destino final a los EEUU.
A la segunda y última reunión con “El Sentado” se celebró en noviembre 6 del 2015, pero a ésta sólo acudió Flores y era para finiquitar el pago de “la bajada”, que en el argot de los narcos significa recibir la droga. Campos Flores pagaría a “El Sentado” 900 mil dólares para garantizar que el envío de los 800 kilos de droga fuera recibido con seguridad en el aeropuerto de Roatan en Honduras.
Campo Flores propuso a Santos Peña trabajar en conjunto, dejando a “El Sentado” fuera del negocio, ya que estaba molesto porque cuando habían ido a Honduras, no los habían atendido como él se lo merecían. Al parecer, “El Sentado” prefirió ver un partido de fútbol, que recibir a los sobrinos de Maduro de inmediato. Campo se quejó además que el hombre desapareció lo cual desencantó. En las grabaciones Campo Flores le decía al informante que quería empezar “inmediatamente” con el negocio.
Dijo que él había desarmado el plan inicial porque “El Sentado” se perdió y no le respondía las llamadas. Santos Peña le contestó que “El Sentado” era un hombre serio, muy ocupado y con mucho dinero, y que debía entender que sí se desaparecía era porque el ambiente se había puesto caliente por allá. Santos Peña se hizo pasar en la operación como el hombre de confianza que “El Senado” había enviado a Venezuela para hacer el negocio con los sobrinos presidenciales.
En otra grabación, se escucha a Campo Flores diciendo que tenía que programar una reunión en un día en que no estuviese trabajando en la campaña de su mamá (Cilia Flores). También planteó la posibilidad de ampliar la operación a Canadá, ya que ellos tenían “un primo allá que es cónsul” y que con él podían hacer negocios.
En otro video, los miembros del jurado pudieron ver Campo Flores cuando hablaba con Santos Peña y usaba unos guantes de látex en el momento en que le mostraba la cocaína al supuesto comprador.
Expertos en drogas
Las imágenes presentadas en la corte fueron grabadas con unos dispositivos que usa la DEA para este tipo de operaciones. Tomadas desde el nivel de la cintura apróximadamente, las imágenes del video eran difíciles de observar. No obstante, los acusados podían apreciarse claramente y ser escuchados sin problemas. Campo Flores aparece manipulando un kilo de polvo blanco, y se ve hablando por un radio a uno de sus guardaespaldas pidiendo que le busquen una navaja para abrir el paquete.
El fiscal le preguntó a Santos Peña si él había probado la cocaína y éste le aseguró que él había sido un adicto a la cocaína, y que cuando la vió, probó la calidad de la cocaína examinando el color y el olor. Utilizó sus dedos para liberar los aceites naturales de la droga.”Era cocaína de la buena.” dijo el hombre frente al juez.
Santos Peña le explicó al jurado su experiencia como traficante internacional de drogas. Dijo que trabajó por años para el Cártel de Sinaloa en México, cometió delitos de secuestro, robo y sobornos. Dijo que pagó al gobierno de México para conseguir resguardo y para proteger la mercancía (droga).
Asimismo, confesó que no tenía idea cuántos miles de kilos de cocaína ayudó a pasar a los EEUU. Inclusive, confesó que había estado preso en California por haber robado ropa en la tienda Macys junto a su hijo y otro familiar.
Explicó que en una oportunidad se reunió con Julián Pacheco Tinoco, exministro de la Defensa de Honduras. “Lo conocí por el hijo del expresidente Porfirio Lobo, llamado Fabio Lobo, en la época que yo trabajaba para la DEA.”
*Fabio Lobo fue extraditado a los EEUU y se declaró culpable de conspirar para traficar droga norteamérica en julio de 2015. Actualmente está a la espera de la sentencia.
Santos Peña dijo que Pacheco Tinoco le prestó apoyo para recibir un cargamento de cocaína desde Colombia a Honduras.
Toda esta información surgió cuando el abogado David Roday comenzó a interrogar a Santos y a imponer la tesis que el informante está testificando contra sus clientes por el dinero y por lograr una sentencia menos severa.
La defensa ha reiterado en varias ocasiones que Santos Peña y su hijo “El Junior” , ambos informantes de la DEA, ganaron más de $ 1.2 millones del gobierno de los Estados Unidos por su trabajo encubierto y sobre ese monto no pagaron impuestos.
También se ha dicho que cuando los dos informantes trabajaban para la DEA, estaban haciendo negocios de drogas por su cuenta. En agosto de 2016 ambos fueron arrestados y de llegar a mentir nuevamente podrían ser condenados a cadena perpetua.
Rody fue más allá y acusó a Santos Peña de explorar posibles transacciones paralelas de drogas en Venezuela, mientras estaba cumpliendo la misión de la DEA en octubre de 2015, para lo cual se había hecho acompañar de un tercer hombre no autorizado por la agencia de nombre Paul.
Rody señaló que se habían quedado en Venezuela durante 10 días, pero se reunió con los acusados sólo cuatro veces en reuniones cortas. Alterado , el abogado le preguntaba qué había hecho el resto del tiempo “¿No es cierto que una de las razones por las que llevaste a Paul Caracas fue para investigar la posibilidad de hacer otros tratos con drogas?”.
De inmediato, Santos Peña negó la acusación. Aseguró que había ido a unos prostíbulos, a un mall y a comer mariscos y carnes en un restaurant cerca al hotel en Caracas.
Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas han asegurado en varias oportunidades que sus clientes fueron embaucados con un supuesto acuerdo para traficar con drogas y ganar millones de dólares, sin hacer nada ni poner ni un solo dólar.
Asimismo, los sobrinos presidenciales han acusado a los informantes y al gobierno de destruir las evidencias que habría podido inculparlos en su caso, incluyendo grabaciones donde ellos explican que no tenían capacidad para ejecutar el plan, ni experiencia en el mundo del narcotráfico.
Nota de La Patilla
