Por denuncias de discriminación diputados exigen eliminación de los Clap

Debido a las múltiples denuncias recibidas ante la Asamblea Nacional (AN) en los que se acusa de discriminación a los Comités Locales de Alimentación (Clap), diputados de la Unidad interpusieron una demanda en contra del presidente Nicolás Maduro, en la que se le exige que elimine ese sistema de distribución de comida.

Los parlamentarios Mariela Magallanes, Jony Rahal, Carlos Valero y Yanet Fermín introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de protección e intereses colectivos.

“En la demanda solicitamos que el TSJ obligue a Maduro a eliminar los CLAP, puesto que son una organización de hecho, no derecho que vulneran el artículo 21 de la Constitución Nacional, el cual consagra el derecho a la igualdad y la no discriminación”, argumentó el diputado Rahal.

Rahal denunció que desde el pasado 3 de abril, fecha en la que se crearon los Clap, se ha discriminado a algunos venezolanos por su posición política, negándole el acceso a las bolsas de comida distribuidas por los comités.

 

Agregó que no existe ningún ordenamiento jurídico para los Clap: “la gente ni siquiera sabe el contenido de las bolsas y el precio es discrecional de cada uno”.

El diputado aclaró que la denuncia busca también interrumpir el plazo de prescripción de los delitos por violaciones de Derechos Humanos (6 meses), además de instar al presidente de la República a abstenerse de crear otros mecanismos similares y emplazarlo a declarar la crisis humanitaria para que pueda entrar al país la ayuda internacional en materia de alimentación y medicinas.

“Este documento ampara a más de 30 millones de venezolanos quienes hoy, sin distingo político, sufren la grave crisis de escasez que atraviesa el país, a los cuales se le están coartando sus derechos civiles y ciudadanos”, concluyó Rahal.

Nefastas consecuencias  

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial para investigar los Clap, diputada Mariela Magallanes, expresó: “es un hecho público y notorio la parcialidad en la distribución de las bolsas de comida”.

Señaló que en muchos casos solo van dirigidas a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y están administrados por organizaciones como la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) y los Consejos Comunales organizados por voceros oficialistas.

Para la diputada son una herramienta de control político sobre los ciudadanos. “También violan el artículo 305 de la Carta Magna, el cual garantiza la seguridad alimentaria”, añadió Magallanes.

La parlamentaria destacó que no es creíble la cifra de 3 millones de personas beneficiadas por las bolsas de comida dada por el Ejecutivo, en vista de que, según la investigación hecha por la Comisión, el 80% de la población no ha hecho uso de este beneficio.

“Las consecuencias son nefastas porque incluso los niños han dejado de ir al colegio por falta de alimentos, ya que ni siquiera los programas de alimentación de las escuelas pueden ser garantizados, ese es el hombre nuevo del que hablaba Chávez”, afirmó.

Próximos pasos

Los próximos pasos a seguir serán acudir al Ministerio Público para solicitar la apertura de una investigación y a la Defensoría del Pueblo para denunciar las reiteradas violaciones de Derechos Humanos.

“Seguiremos los canales regulares. Sin embargo, no confiamos en ninguna de las instituciones porque están tomadas por el Gobierno, pero es necesario seguir el procedimiento habitual para poder acudir al ámbito internacional correspondiente”, expresó la diputada.

Les niegan entrada al TSJ

Tanto Mariela Magallanes como su colega Jony Rahal coincidieron en que el problema principal es el modelo político implementado por el Ejecutivo que acabó con toda la producción nacional y hoy en día “le está pegando al estómago de los venezolanos”.

Por último informaron que ya se está elaborando el informe correspondiente y será presentado para la aprobación de la plenaria dentro de 2 semanas.

Sin embargo, un representante del máximo órgano judicial del país les negó el acceso a la edificación para “evitar que se encadenaran nuevamente”.

 

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