Solo el 50% de la nómina del Consejo Nacional Electoral, es decir, 2.500 trabajadores, renunció por bajos sueldos e incumplimiento de convención colectiva. Carlos Arias, directivo del Sindicato de Trabajadores de la institución, denunció que la renuncia masiva de empleados forma parte del deterioro progresivo de este organismo, por lo que exigen la renuncia de la rectora principal, Tibisay Lucena.
Nota de prensa
“Los trabajadores, tanto activos, pensionados como sobrevivientes estamos denunciando una crisis humanitaria en esta institución que está en colapso y vías de extinción. Pedimos la renuncia a Lucena, quien se ha dedicado a hacer desaparecer esta institución, la está acabando” adujo.
Apuntó que bajo este panorama institucional, se hace imposible que el ente comicial realice elecciones, pues no cuenta con personal capacitado para ello, y que se requiere la contratación inmediata de trabajadores, tras la renuncia masiva por el incumplimiento de convenciones colectivas.
A la situación le añadió denuncias sobre complicidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con Tibisay Lucena, para cercenar derechos laborales a través del retraso en decisiones judiciales.
Explicó que desde 2015 introdujeron tres recursos de nulidad ante la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativas ante el poder judicial y cuyos procesamientos y ponencias están a cargo de los magistrados Calixto Ortega y Gladys Gutiérrez, a quienes acusó de “dar celeridad” a decisiones como la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, pero no responder a exigencias de los trabajadores.
“Los magistrados de la Sala Constitucional y Sala Político Administrativa sacan decisiones express, anulan leyes y resuelven problemas en minutos, pero los problemas de trabajadores del CNE no los resuelven. El TSJ es cómplice de las violaciones que comete Tibisay Lucena contra los trabajadores.
Solo nos queda la calle para exigir el ajuste de sueldos y que se cumpla convención colectiva. Fuimos a tribunales y no hay respuesta, nos queda denuncia, la movilización ante organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) porque aquí no hay estrado de derecho” dijo.
Por su parte, Pedro Romero, coordinador de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, denunció que los cesantes cobran pensiones de Bs.19 mil y que están “en estado famélico”. Ante la situación, exhortó a aquellos que no puedan acudir hasta Caracas, a realizar protestas en las sedes regionales del CNE.
Prensa Solidaridad
