Uno de cada dos opositores encarcelados en Venezuela, de los 281 considerados presos políticos, está acusado o ya fue condenado por terrorismo, informó la ONG Foro Penal, denunciando a su vez que estos civiles y militares se volvieron “incómodos” para la administración de Nicolás Maduro, por lo que terminaron tras las rejas.
En las últimas semanas, la Policía detuvo al estudiante John Álvarez por supuestamente pegar volantes en espacios públicos. La Fiscalía lo acusó de conspiración ante los mismos tribunales que, días después, sentenciaron a seis sindicalistas a 30 años de cárcel por delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó a EFE que estos casos encierran una “evidente intención política” de “criminalizar a determinadas personas”.
“Según el poder, aquí no existe una oposición legítima, válida, pacífica, (…) sino que existen, por el contrario, grupos criminales que se asocian para cometer actos de complot, de traición, de rebelión o, más concretamente, de lo que el poder interpreta que es terrorismo”, señala Himiob.
Bajo este contexto, una buena parte de los juicios acaba con la pena máxima, de 30 años de prisión, contra personas señaladas de sediciosas y violentas sin que, según el jurista, se haya exhibido una sola prueba que las incrimine.
Además, remarca el abogado, este auge de acusaciones de los últimos tres años “está estrechamente vinculado” con el avance de la investigación -abierta en 2021- que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Explicó que hay una “especie de búsqueda del poder de consolidación de esta narrativa” para hacer ver a la comunidad internacional que el país no está lidiando con ciudadanos contrarios al chavismo sino con terroristas, cuyos casos no son valorados como detenciones arbitrarias por otras naciones.
