#OPINIÓN | ¿Quién nos protege de la censura?, por Jesús Ochoa

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La Libertad de Expresión fue reconocida como un derecho universal humano en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y detallada en la Observación General N. 34 del Comité de Derechos Humanos. Asimismo, fue incluido en el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969).

Este marco jurídico hace de la Libertad de Expresión un derecho humano formalmente reconocido y respaldado por los países signatarios de estas convenciones, pero que, por falta de una institución internacional efectiva que garantice su aplicación, es violado en muchos países que aseguran tener fundamentos democráticos. La falta de garantía de este derecho fundamental es el causante de persecuciones, encarcelamiento, tortura y muerte de muchos comunicadores y civiles que son reprendidos por expresar ideas que incomodan a las personas que ostentan el poder.

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De manera general las distintas convenciones establecen que la Libertad de Expresión es el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Este principio acarrea la libertad de las personas y grupos de personas de articular sus ideas y expresar sus opiniones sin represalias, censuras o sanciones.

Esta definición aplica a todos los signatarios de los convenios anteriormente mencionados, sin embargo, la aplicación de este concepto varía según el gobierno de tránsito en cada país, por lo que pareciera que no existe un derecho humano absoluto sino posiblemente defendible ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, u otras instancias, cuando las condiciones permiten que alcancen el nivel internacional, lo que difícilmente aplica a todos los casos que evidencian violación.

Es evidente que existe una diferencia en la regulación interna de este derecho en los países signatarios de las convenciones, pues su aplicación arroja resultados totalmente distintos en la práctica. Países abiertamente democráticos que garantizan la libertad de expresión con un sistema fuerte de protección a la libertad de expresión y países con apariencia democrática donde se evidencia censura comunicacional en diferentes niveles, en ambos casos signatarios de estos convenios. Dando como resultado países con una regulación mas cercana al espíritu descrito en las convenciones internacionales como Estados Unidos de Norteamérica y países con una legislación que ni siquiera supera el control de constitucionalidad de su carta magna como Venezuela.

Uno de los enfoques más amplios de la Libertad de Expresión se encuentra en la protección que le otorga la primera enmienda de la carta constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica y de las múltiples interpretaciones realizadas por las cortes en su aplicación. De acuerdo a la Primera enmienda de la constitución Estadounidense, la Libertad de Expresión: “…incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. Incluyendo en “Expresión” toda conducta, palabras y símbolos que sean usados para manifestar ideas, y que gozan de mayor o menor protección según el caso.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha unificado el alcance de la libertad de expresión tomando en consideración las limitaciones permitidas por las convenciones internacionales. Existe por tanto una normativa casuística que garantiza la libertad de expresión de manera relativamente eficaz y que por lo menos internamente puede asegurar que su violación no quede impune.

Por el contrario, en países con apariencia democrática dirigidos por gobiernos autoritarios, aun cuando forman parte de los convenios internacionales, la libertad de expresión no esta garantizada, y solo prevén procedimientos administrativos (y por excepción judiciales) que regulan solo la penalización de medios de comunicación, o hacen una regulación con una visión restrictiva del derecho.

El régimen que ha mantenido sometida a Venezuela durante los últimos años es un ejemplo de la línea que siguen los regímenes autoritarios en la censura de la libertad de expresión, para estos es un derecho que se obtiene de la garantía otorgada por el régimen a sus opinadores de oficio, pero que se pierde al salirse de su “línea editorial”.

Durante los primeros años del régimen de Chávez, los principales medios de comunicación, comunicadores sociales y periodistas fueron acosados y silenciados, y muchos de ellos tuvieron que dejar el país por criticar su actuación. Para el año 2004 el régimen legalizó su persecución a los medios de comunicación sancionando una ley que le daba la potestad al órgano ejecutivo de multar, sancionar y/o censurar los medios de comunicación limitando el derecho a la Libertad de Expresión, denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión o “Ley Resorte”.

Esta ley, aún vigente y con una reforma en el año 2010, tiene una redacción imprecisa que deja al libre albedrío de los funcionarios iniciar y decidir procedimientos administrativos que pueden concluir en la censura de medios de comunicación, negando el proceso judicial garantizado por la Constitución. Esta ley contiene numerosas prohibiciones que son excesivas y que limitan el contenido de la libertad de expresión mas allá de lo permitido por los convenios internacionales. En consecuencia, para el año 2018, el régimen dictatorial había cerrado 115 medios de comunicación y restringido el acceso a 2500 paginas web a través de procedimientos administrativos amañados.

Pero las violaciones hacia la libertad de expresión en Venezuela no quedan solo allí. El derecho individual a la libertad de expresión corre una suerte un poco mas dramática, pues esta es perseguida por la vía criminal en procesos judiciales ilegales. Actualmente, hay mas de 388 presos políticos, muchos de ellos por expresar ideas contrarias al régimen, en su mayoría jóvenes que levantaron sus voces para denunciar las injusticias y fueron silenciados con cárcel.

Esta persecución constante a la libertad de expresión ha limitado los medios de comunicación, periodistas y reporteros, al punto de crear una censura comunicacional dentro del país, pues los comunicadores se abstienen de denunciar injusticias y pedir el respeto a sus derechos por miedo a represalias. Por esta razón durante los últimos años, ha sido cada vez más difícil para los venezolanos tener acceso a la información acerca del país, lo que hace que haya una desinformación generalizada y que muchas injusticias queden silenciadas u ocultas.

Entonces bien podríamos preguntarnos ¿Cuál es la función de la legislación internacional? Si ambos países son signatarios de convenciones que protegen la libertad de expresión pero evidencian una diferencia formidable en el resultado de la legislación interna y en su aplicación real, a pesar de tener un marco normativo internacional al que tienen que apegarse ¿es necesario una norma internacional de aplicación opcional?

El sistema norteamericano no es perfecto, pero es mas efectivo en la protección de este derecho humano, imperfección que no parece ser sino una falla de origen por la inexistencia de la institución (legal o real) internacional que garantice su aplicación y por la falta de adaptación a la realidad política de la región, pues la normativa internacional que data de 1948 tiene poca incidencia en la aplicación real de la protección otorgada por el espíritu de la norma, y esto se hace evidente en el contexto venezolano, cuando el régimen venezolano desaplica las convenciones por desviación de los conceptos contemplados en la convención sin consecuencia alguna.

Pareciera entonces que la protección de la libertad de expresión no esta garantizada por la comunidad internacional, o al menos no es asequible sino para ciertos casos de renombre que logren escalar las instituciones internacionales y queda a merced de la regulación interna – en regímenes ilegítima e ilegal- de los países signatarios de los convenios. Siendo así, la misma suerte corren otros derechos humanos “garantizados” por la comunidad internacional, que con suerte sean regulados por la normativa interna.

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