El Bloque Constitucional de Venezuela, pidió a la OEA que durante la Sesión Extraordinaria estipulada para este lunes propuso que se discuta el tema de la violación de derechos humanos como uno de los puntos principales de la reunión.

El Bloque, liderado por Cecilia Sosa y Román Duque, presentaron la solicitud a través de un documento que detalla las violaciones de los derechos humanos que han sufrido los venezolanos.

A continuación el texto completo

Bloque Constitucional de Venezuela

Caracas, 29 de abril de 2018

Excelentísimo

Presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos Nosotros, CECILIA SOSA GÓMEZ y ROMÁN JOSÉ DUQUE CORREDOR, venezolanos, mayores de edad, casados, abogados, identificados en nuestro país con cédulas de identidad Nros. 2.935.735 y 2.455.372 respectivamente; actuando como miembros del Bloque Constitucional de Venezuela, organización creada con el objeto fundamental de preservar la vigencia y efectividad de la Constitución, y que se ha propuesto entre sus ejecutorias más inmediatas, la defensa de los derechos humanos vulnerados grosera y despiadadamente por el régimen que hoy domina nuestro país, hemos considerado insoslayable en esta oportunidad manifestar ante esta honorable Presidencia del Consejo Permanente, a fin de que esta información y planteamientos sean considerados en la Sesión Extraordinaria de dicho Consejo, a efectuarse en el día de mañana lunes 30 de abril del presente año, convocada por virtud de la solicitud presentada por las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, con el objeto de “abordar la problemática referida a la situación humanitaria que vive la población venezolana y su impacto en los países de la región”. Y, a tal efecto, observamos:

Primero: El alcance de la crisis humanitaria que vive nuestro país ha sido evaluada por diferentes organismos e instituciones nacionales y extranjeras de enormes y alarmantes proporciones, dado su exponencial y sostenido aumento, que de no ser detenido desembocará, irremediablemente, en una catástrofe humanitaria, la cual estamos en el deber de alertar y contribuir a impedir, para lo cual es indispensable la atención urgente que se preste a ella, tal como es el objeto de la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y de los mecanismos idóneos que asuma este cuerpo, que permita salvar miles de vidas.

La profundización de esta crisis cuenta con la insensatez y crueldad de un régimen que ha perdido todo respeto por los derechos humanos y ha quebrantado de forma soberbia y
criminal su obligación de proteger el derecho a la vida, la salud, la alimentación, entre muchos otros derechos de los ciudadanos que viven dentro de nuestro territorio, antes bien, ha violentado sistemáticamente esos sagrados derechos, insistiendo obstinadamente en la negativa de permitir la ayuda humanitaria internacional ofrecida por innumerables países y organizaciones so pretexto de que con ello se pretende intervenir en los asuntos internos de su gobierno y, aduciendo cínicamente la inexistencia de dicha crisis.

De la gravedad y aumento de la crisis humanitaria que vive nuestro país y que nos conmociona dentro y fuera de nuestro territorio, ya se han pronunciado las organizaciones
más importantes a nivel regional y global, por lo que consideramos de inestimable valor transcribir a continuación, parte de la información contenida en el “Informe presentado por Ex Rectores Universidad de los Andes y sectores de la Sociedad Civil Merideña”, al respecto:

“2. Que, en fecha 8 de agosto de 2.017, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela, … condenaron al gobierno venezolano por no autorizar el ingreso de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano…(omissis)…

3. Que, en fecha 8 de febrero de 2.018, el Parlamento de la Unión Europea aprobó la Resolución No 2018/2559 (RSP), mediante la cual declaró que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes que está cobrando muchas vidas, que prácticamente dos millones de venezolanos han huido del país, que el gobierno venezolano sigue negándose a recibir ayuda humanitaria internacional y facilitar su reparto, …omissis… solicitó que se alcance inmediatamente un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia humanitaria para el país, pidió que se aplique rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños, y solicitó a la Unión Europea que ayude a los países vecinos, en particular a Colombia, a dar respuesta a la situación de los refugiados venezolanos…(omissis)…

4. Que, en fecha 9 de febrero de 2018, el grupo de Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó oficialmente a través de un Comunicado que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos”; que “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos y (de) medicamentos esenciales (y) la carestía de bienes de primera necesidad”; que las estadísticas muestran que “la desnutrición está afectando ya a 1.3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición”; que “la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales …”; que “El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país … colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida”; que “la inflación alcanzó más del 2.400 por ciento en 2.017”; que, para finales del año 2017, “una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar”; …(omissis)…

6. Que, en fecha 7 de marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su Informe Anual ante el Consejo de Derechos Humanos (37o período de sesiones – 26 de febrero a 28 de marzo de 2018), en el cual declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización que “La situación de los derechos humanos en Venezuela es profundamente alarmante. La malnutrición ha aumentado dramáticamente en todo el país, afectando en particular a niños y ancianos …”, que estaba “profundamente preocupado por el creciente éxodo de venezolanos de su país, muchos de ellos en busca de acceso a alimentos y servicios básicos” …(omissis)…

7. Que, en fecha 31 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó el “Informe de país” sobre la “Situación de los derechos humanos en Venezuela”, informe según el cual la Comisión Interamericana observó que, además de la crisis política, “se presenta en la actualidad en Venezuela una grave crisis económica y social, caracterizada por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico, entre otros” y que “en abril de 2016 el 80% de la población enfrentaba escasez de alimentos. Esta situación ha provocado alarmantes índices de pobreza y de pobreza extrema …” (pp. 22 y 23 – parágrafo 29); que “… existen graves retrocesos en el acceso y disfrute de DESCA [derechos económicos, sociales, culturales y ambientales], hasta el punto de no garantizarse contenidos esenciales de derechos tan vitales como la alimentación o la salud. En esa medida, la Comisión advierte que un Estado en el cual gran parte de su población esté privada de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial o de condiciones de vivienda básicas, está incumpliendo sus obligaciones relativas a DESCA” (p. 225 – parágrafo 413); que, para agosto de 2017, según la información al alcance de la Comisión Interamericana, el 68% de niños y niñas menores de cinco años en cuatro estados de Venezuela tenía déficit nutricional o estaba a punto de tenerlo (p. 229 – parágrafo 424); que “De acuerdo a las cifras brindadas por PROVEA y CodeVida, en la actualidad existiría un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Habría un colapso de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional, dado que el 50% de quirófanos estarían inactivos y el 80% de servicios de diagnóstico estarían inservibles, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales” (p. 235 – parágrafo 434); que “… tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento” (p. 235 – parágrafo 435); que “… resulta sumamente preocupante el aumento de epidemias como la malaria, el zika o la difteria … De acuerdo a la AN [Asamblea Nacional],
solo en el estado de Bolívar, se habrían registrado entre enero y octubre de 2017, 206 mil casos [de malaria]; cifra que podría duplicarse a nivel nacional y se agravaría debido a las dificultades para obtener un tratamiento adecuado” (p. 238 – parágrafo 442); y que “… la CIDH ha recibido información preocupante que indica que se condiciona el acceso a servicios de salud, a la tenencia de un documento que acredite el acuerdo con el partido oficial del Gobierno. En efecto, según declaraciones públicas del Vicepresidente de la República Tareck El Aissami del 7 de septiembre de 2017, para acceder de manera gratuita al Plan Nacional de Vacunación –que cuenta con 15.319 puntos de vacunación en todos los estados- debe presentarse el ‘carnet de la patria’. La información al alcance de la CIDH indica que los portadores de este documento serían personas cercanas o que concuerdan con el partido oficial del Gobierno Nacional … la CIDH condena la utilización de mecanismos de control de la ciudadanía para acceder a los servicios de salud y alimentación, que resulten discriminatorios con base en la opinión política” (p. 239 – parágrafo 444) 9; …(omissis)…

9. Que, en fecha 18 de enero de 2018, Human Rights Watch hizo público su Informe Mundial 2018, según el cual, “Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias, ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles de venezolanos están huyendo del país”,

10. Que, en fecha 21 de febrero de 2.018, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), desarrollada por tres de las Universidades más acreditadas de Venezuela (Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello), reportó que, en 2.017, la pobreza a nivel de ingreso alcanzó al 87% de la población, y que el 61,2% de ella seencuentra en condiciones de pobreza extrema 12; que el 89,4% de los hogares considera que el ingreso familiar no es suficiente para adquirir alimentos; que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; y que 6 de cada 10 venezolanos ha perdido aproximadamente 11 kilos de peso en el último año por hambre.

11. Que, en fecha 27 de febrero de 2018, CodeVida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida) y Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), dos ONG’s independientes, presentaron un Informe conjunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual recogieron “graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud en Venezuela, unido a violaciones similares en otros derechos económicos y sociales que incluyen la alimentación, produciendo una emergencia humanitaria compleja con una alarmante escala de muertes, daño y sufrimiento humano para la cual no existen capacidades de respuesta interna como consecuencia del quiebre del Estado …”, y concluyen que en Venezuela hay una “privación deliberada y extrema de acceso a medicamentos y [de] atención a la salud (incluyendo diagnóstico, atención y tratamientos)” que está “excluyendo a cerca de 5 millones de personas”, así como “Muertes y daños irreversibles e irreparables a la vida e integridad física y mental de las personas a causa de la privación [prolongada] de medios adecuados de salud …”, y que hay un “Aumento exponencial de riesgos para la salud por epidemias interrelacionadas y extendidas a varios estados del país y las cuales siguen en ascenso sin control alguno”, así como “Desamparo de las instituciones … migración forzada … negación a la protección internacional …” 13;

12. Que, en fecha 5 de marzo de 2.018, se difundió en medios locales el Informe que sobre Recientes Tendencias Migratorias en América del Sur publicó la Oficina Internacional de Migraciones en fecha 27 de febrero de 2.018, Informe según el cual, en el caso de Colombia, el número de migrantes venezolanos ascendió de 48.714 en 2015 a 470.000 en octubre de 2017, es decir, creció 11 veces; en el caso de Ecuador, de 8.901 en 2.015 a 39.519 en 2.017; en el caso de Chile, de 8.001 en 2.015 a 119.051 en 2.017, es decir, creció 15 veces; en el caso de Argentina, de 12.856 en 2.105 a 41.492 en 2.017, y así sucesivamente. Estas cifras, apoyadas únicamente en fuentes oficiales disponibles (estadísticas, registros migratorios), no incluyeron a los refugiados ni a la migración irregular ni a los solicitantes venezolanos de asilo. Estos últimos, según datos de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, igualmente publicados en medios locales, alcanzaron a 100.000 hasta el año 2.017. A la luz del Informe en referencia, el reportaje periodístico destaca que la migración de venezolanos hacia países suramericanos se incrementó, entre 2.015 y 2017, en 895% 14;

13. Que, en su edición del 19 de enero de 2.018, el Diario El Tiempo (Bogotá, Colombia) informó que “El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró finalizando el 2017 que en el país se encontraban más de 550.000 venezolanos. Esto significó un aumento cercano al 62% respecto al mismo informe presentado a mediados del año pasado” 15;

14. Que, en su edición del 27 de febrero de 2018, el Diario El Nacional (Caracas, Venezuela) informó que la señora Kelly Clements, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había alertado sobre el incremento preocupante de solicitudes de asilo de venezolanos refugiados en los países de América Central 16; …(omissis)…

16. Que, en el “Informe de país”, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 31 de diciembre de 2017 sobre la “Situación de los derechos humanos en Venezuela”,…(omissis)…y que un “gran número de personas … se han visto forzadas a migrar a otros países de la región en los últimos años por múltiples causas, entre las que destacan la migración forzada como mecanismo de supervivencia como consecuencia de la grave crisis situación (sic) que afecta al país, en particular a los efectos (sic) que vienen ocasionando la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos … y la violencia e inseguridad …” (p. 26 – parágrafo 40)

Segundo: La compilación de todas las estadísticas recogidas en el referido Documento relacionadas con la crisis humanitaria y la inmigración galopante que se ha producido en nuestro país, se han incrementado exponencialmente en los últimos días. De ello dan cuenta las innumerables protestas de enfermos ocurridas tan sólo en el presente mes que llegan a más de 18 a nivel nacional, cuyo aumento se prevé que serán cada día de mayores proporciones, ante lo cual la respuesta del régimen es la represión y el silencio.

La situación es tan grave, que se han creado organizaciones no gubernamentales, como Médicos Unidos por Venezuela que luchan en compañía de enfermeras, bio-analistas,
farmacéuticos, personal de salud y pacientes para la defensa del derecho a la salud. Específicamente, el día miércoles 18 de abril más de 400 personas con condiciones de salud crónica: VIH/Sida, cáncer, trasplantes de órganos, enfermedades raras, hemofilia, parkinson, se concentraron frente a la sede principal del Ministerio de Salud, en el centro de Caracas, para exigir una respuesta inmediata ante la grave falla de distribución de tratamientos indispensables para la vida de las 300.000 personas con estos diagnósticos. Los reportes son espeluznantes, de personas con trasplante renal que tienen 7 meses sin sus inmunosupresores, con dolencias cardíacas que fallecen por no conseguir los medicamentos necesarios, niños con cáncer que salen a las calles con pancartas rogándole a las autoridades encargadas de la salud por sus medicinas, y a los pocos días se conoce de su muerte.

El 18 de abril de este año Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana Contra El Sida (Accsi) y Francisco Valencia director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) fueron recibidos por el Viceministro de Redes Colectivas, Yassin Alemán y la Jefa del Programa Nacional de Sida, Deisy Matos, quienes reconocieron que no tienen la capacidad para aliviar la emergencia humanitaria.

Ante este panorama desolador para la salud y alimentación de los venezolanos, que anuncia una crisis aun de mayores proporciones, queda evidenciado que el aumento sostenido de todas estas carencias y penurias en la población, se consolida como la causa del incremento igualmente exponencial de la migración de los venezolanos. Es precisamente éste el impacto más preocupante para la región: el traslado sostenido de nuestra crisis a través de la inmigración de nuestros connacionales que huyen desesperadamente en busca de su subsistencia, en busca de la vida o de la manera de producir algún dinero para aliviar las penas de los que quedan en el país, especialmente enfermos, niños y ancianos.

Tercero: Es evidente entonces que se requiere asumir con carácter de urgencia los mecanismos de atacar la crisis humanitaria y que se dispongan las acciones más idóneas para aliviarla y solventarla, de lo contrario el impacto que se seguirá sintiendo especialmente en los países de la región en cuanto a la inmigración, se elevará en proporciones inimaginables, con la pérdida de vidas humanas, la propagación de enfermedades de difícil erradicación, convirtiéndose, como creemos que ya se ha convertido, en una problemática de toda la región; y, de allí, su inminente atención pues sus proporciones rebasan ya los paliativos que cada país, especialmente los fronterizos,
ha proporcionado.

La Alerta se ha encendido, queda asumir que en la Sesión convocada se tomen las decisiones que correspondan, para apoyar que pueblo de la República Bolivariana de Venezuela pueda paulatinamente recuperar la garantía del ejercicio de sus derechos más elementales, y así parar la migración forzada a que están siendo sometidos nuestros compatriotas; es por ello que solicitamos como venezolanos que no dejen que su mirada se desvíe y que la dirijan sin pausa, con urgencia hacia una población y un territorio que clama por su benevolencia y confía hoy en su compromiso de defender la vida y la dignidad de nuestro gentilicio venezolano.

Reciba Usted la expresión de nuestro más profundo respeto.

Coordinación Nacional del Bloque Constitucional

El denominado Bloque Constitucional de Venezuela emitió un comunicado en el que se comprometen a «luchar por la reinstitucionalización de la justicia» en el país, la cual a su juicio se ha visto opacada por «un régimen totalitario y rentista».

A continuación, el texto íntegro:

Caracas, 20 de enero de 2018

Nosotros, integrantes del Bloque Constitucional de Venezuela, respaldamos firmemente la Exhortación de los Obispos venezolanos en ocasión de celebrar su CIX Asamblea Ordinaria Plenaria, en fecha 12 de enero de 2018, por considerar que el documento describe la realidad de la tragedia social que padece actualmente el pueblo venezolano y con verdadera sensibilidad pastoral, ilustra las tareas que debe asumir la población ante la emergencia económica de cara al cambio de rumbo que se necesita para recuperar la prosperidad de la Nación. En tal sentido:

El llamado que nos hace la Iglesia a despertar y reaccionar, nos motiva civilmente a activarnos para enfrentar a un régimen totalitario y rentista, infectado por el morbo de la corrupción, que con su actitud indolente ha permitido la muerte por hambre y enfermedad de miles de venezolanos; que menosprecia la vida de quienes por culpa de sus ejecutorias públicas se arriesgan a huir del territorio en condiciones precarias; un régimen que se exhibe sin contención frente a acólitas instituciones que incumplen su deber de controlarlo; que viola los derechos humanos, haciendo uso desproporcionado de la fuerza en contra de civiles disidentes e irrespeta los pactos y tratados internacionales sobre el uso de las armas de guerra contra civiles, la fuerza pública y el tratamiento a personas en situación de entrega y rendición, llegando al extremo de ajusticiar a quienes lo adversen, desobedeciendo los mandatos constitucionales que establecen que “el derecho a la vida es inviolable”.

El diálogo y las negociaciones entre el régimen y los representantes de la MUD, en las condiciones que se dio, estaba inexorablemente condenado al fracaso pues, no lo precedieron las condiciones mínimas de reconocimiento y respeto institucional entre los interlocutores; y, no hubo transparencia en la fijación de los objetivos ni en el establecimiento de la agenda. Por ello, sus resultados efectivos, de haberlos tenido, no gozarían de la confianza y credibilidad de la población.

Requerimos de manera urgente transitar el camino de la recuperación socio-económica del país, y al mismo tiempo, el respeto de los entes públicos a los derechos fundamentales del ciudadano; por eso el Bloque Constitucional comparte la gran dosis de esperanza que poseen las acciones ciudadanas concretas que, inspiradas en las palabras de la Iglesia y en su doctrina católica, contribuyan con el cambio en la conducción político-institucional del país.

Para ello, los retos de un nuevo gobierno de unidad nacional deben estar orientados en una primera etapa de transición, a detener el colapso provocado por el actual régimen, atendiendo con carácter de emergencia nacional temas coyunturalmente básicos del venezolano como lo son, el producir alimentos; detener la inflación; recuperar la estabilidad de precios y el valor de nuestra moneda; reactivar la industria petrolera; incentivar el empleo y reducir el subempleo de la administración pública; redimensionar la agricultura y hacerla tecnificada, moderna y diversificada como eje central de la producción de alimentos y materias primas para la industria; establecer un sistema tributario justo; examinar y renegociar la deuda externa; y, compartir con la economía privada el gasto social.

Estas tareas económicas garantizarían la recuperación inmediata de un nivel aceptable en los costos y beneficios propios de una anhelada convivencia colectiva de los ciudadanos de todos los sectores, hoy perdida en Venezuela a causa del desempeño de un régimen que permanentemente arremete contra la empresa privada y el emprendimiento económico de los particulares.

Paralelo a lo anterior, se impone una serie de tareas encaminadas a restablecer la continuidad de los servicios públicos con los estándares mundiales de calidad y respeto a la condición humana; adecentar los cuerpos de seguridad y reorientar las actividades de los componentes de la Fuerza Armada Nacional al estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales, sin llegar a ser nunca más, instrumentos al servicio de una parcialidad política.

En el orden institucional, los cambios que debe provocar un nuevo gobierno no son menos apremiantes sustituir los integrantes de los poderes públicos no puede quedar sólo en el electoral y en la revisión a fondo de su sistema, pues resulta indispensable también, nombrar los Magistrados del TSJ y remover a los miembros del Poder Ciudadano, ya que todos ellos son serviles a una ideología totalitaria. Solo así comenzaría el proceso de consolidación de la necesaria independencia y autonomía de los poderes, hoy inexistente.

El Bloque Constitucional realizó grandes esfuerzos en enero de 2016 ante la Asamblea Nacional para que se designaran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dado que aquellos elegidos en diciembre de 2015 lo fueron de manera espuria; sólo fue el 21 de julio de 2017 cuando la Asamblea Nacional eligió y juramentó una renovación parcial de magistrados del Tribunal Supremo. A los 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en este último proceso, con apego a las normas constitucionales, el régimen no les permito instalarse en sus respectivas Salas, y al ser perseguidos decidieron hacerlo en el exterior. Por tanto, el Tribunal Supremo de Justicia tiene hoy en sus Salas personas que no son magistrados al haber sido sustituidos por los que legítimamente designó la Asamblea Nacional, y por tanto, son nulas de pleno derecho todas sus decisiones y sentencias en cualesquiera de sus Salas.

Es cierto, la democracia volverá a fortalecerse el día en que cada persona mayor de 18 años, venezolana, pueda volver a ejercer su voto libremente, sin coacción ni represalias de ningún tipo; pero al mismo tempo, volveremos a ser República el día en que el valor político de esa voluntad individual manifestada en un voto, se respete y esté garantizada. Sin instituciones autónomas e independientes eso no es posible.

Capítulo especial en la transición, será el tema del rescate de la Justicia. La Justicia en la Venezuela “Madurista”, se compra y se vende por dinero o a cambio de beneficios, prebendas o nombramientos, convirtiéndose en una de las causas de nuestra opresión, judicializando la represión y criminalizando la política.

Tenemos hoy un poder judicial que junto a la perversa estrategia de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, han logrado desestabilizar al país institucionalmente, convirtiéndose ambos en la práctica, en eficaces instrumentos de la estrategia de persecución política del régimen. El compromiso que asume el Bloque Constitucional de Venezuela, es contribuir con la reinstitucionalización de la Justicia en Venezuela, lo que supone desarrollar acciones vinculadas al desarrollo de una amplia y permanente jornada de trabajo durante todo el año 2018 que contribuya al consenso necesario para el cambio político y la reinstauración de la democracia, que con mucho sacrificio una generación de insignes venezolanos recuperó el 23 de Enero de 1958.

El Bloque Constitucional, consciente de la importancia de la participación de la comunidad internacional en la crisis que sufre Venezuela, hará llegar copia del presente pronunciamiento a las organizaciones internacionales y los gobiernos interesados en su solución.

Con este acuerdo de apoyo del Bloque Constitucional de Venezuela a la exhortación pública hecha por los Obispos venezolanos, queremos despertar las fibras republicanas de la mayoría de los ciudadanos para trabajar juntos por el rescate de Venezuela.

Por el Bloque Constitucional de Venezuela:

Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H. y Rene Molina Galicia.

Coordinación Ejecutiva: Perkins Rocha.

Magistrados, Académicos, Profesores: Aníbal Rueda, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael, Badell Madrid, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rodrigo Rivera Morales, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero.

Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles, (Presidenta), Norma Delgado Aceituno, Jorge Otaiza.

Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilmer Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), José Luis Machado (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), Mario Torres (Zulia).