La Federación de Docentes del estado Guárico denunció ante la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de San Juan de Los Morros que se no se les permite a los sindicatos de profesores la entrada a los planteles de la entidad, situación que calificaron como una violación a los derechos de los educadores.

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La delegada de la Federación de Docentes de la entidad llanera, Xiomara Morantes, expresó que debido a esta acción no han podido presentar ni verificar aquellos casos en los que se registran irregularidades dentro de los planteles, entre ellos el desvío de recursos y alimentos.

“Existe un presupuesto y un plan de alimentación para nuestros niños pero en los colegios no se les garantiza el derecho a la alimentación. Lo único que comen es un trozo de arepa y un vaso de leche”, expresó la docente.

(Yorman Aguilar) La Defensoría del Pueblo de Ecuador busca que se adelante la audiencia, prevista para el viernes, en la que se tratará la solicitud de medidas cautelares para intentar frenar la exigencia de pasaporte a los venezolanos, así lo informó Gina Benavides.

 

“Estamos insistiendo con la jueza para que cambie la fecha de la audiencia dada la urgencia y los efectos concretos que está teniendo la aplicación de la medida sobre grupos de atención prioritaria”, afirmó Benavides

“Le hemos planteado, además, a la Cancillería que acoja el pedido de las personas venezolanas varadas en Rumichaca (paso fronterizo entre Ecuador y Colombia)”, que en un carta, con decenas de firmas, solicitan que se respeten los acuerdos internacionales donde se establece el libre tránsito de migrantes.

Así mismo, la carta indica varias razones por las que los venezolanos se encuentran en este momento, indicando que respetan cada una de las leyes estipuladas en el país, pero exigen que se respete el libre tránsito migratorio, cumpliendo así con los derechos humanos.

Decenas de venezolanos se encuentran en la frontera de Colombia con Ecuador esperando solución, ya que dicha medida fue anunciada el pasado viernes mientras se encontraban en tránsito hacia Ecuador. Indican que sus intenciones no eran quedarse en el vecino país si no trasladarse hacia Perú, en donde  también se exigirá pasaporte a partir del próximo sábado 25 de agosto, anunciado por el Ministerio Interior de dicho país.

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Este miércoles, el director ejecutivo de la Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanía en Acción, Edison Arciniega, consignó un documento en la Defensoría del Pueblo donde alerta la evidencia pública y preocupante del avance de la crisis alimentaria, sustentado en las cifras incidentales de Cáritas de Venezuela y el reconocimiento por parte del Sistema de las Naciones Unidas, que en días pasados, a través de un comunicado, solicitó al Gobierno liberar las cifras, para en conjunto coordinar respuestas.

Asimismo, Arciniega exhortó al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a activar una mesa técnica en busca de soluciones y en protección a los derechos humanos, donde también participen el Ministerio de Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición.

“Acudimos a esta instancia en vista de la negativa del Gobierno a revelar las cifras que manejan y que seguramente superan las nuestras, es urgente que la defensoría convoque a la mesa técnica para dar respuesta terapéutica, suplementaria y de anaquel, a los millones de venezolanos que están padeciendo la destitución alimentaria”, indicó.
Según los datos mostrados por la ONG existen 1,2 millones de ciudadanos en avanzado estado de desnutrición que requieren atención terapéutica inmediata. Al menos 8 millones que necesitan respuesta suplementaria –realizan menos de 2 comidas al día- y la población en general solicita una respuesta de anaquel, que no es más que solventar el problema de desabastecimiento.

Ciudadanía en Acción considera imperante avanzar en enfrentar ahora la crisis, pues su agravamiento pone en riesgo la vida de varias decenas de miles de ciudadanos (al menos 50 mil en riesgo de muerte el 1er trimestre). Explicó que 78% de la población consume menos del 60% de las proteínas diarias normativas y que 61,8% de la población está consumiendo menos de 1.300 calorías diarias, cuando lo normativo es 2.000 calorías por día.

“Esto significa la desmejora de la salubridad de toda la población, pero además representa un grave riesgo para la estabilidad social y el orden público porque la experiencia global indica que los pueblos ante la escasez aguda de alimentos suelen reaccionar con brotes de anarquía y disturbios capaces de hacer colapsar la convivencia y el orden social”, enfatizó Arciniega.

Adolfo Baduel, denunció el secuestro de su padre, Raúl Isaías Baduel, de quien no conocen su paradero desde el 8 de agosto. “Es preocupante que a una persona la desaparezcan solo por pensar distinto”, señaló en entrevista exclusiva para VPItv.

“Mi familia está preocupada, ya que no conocemos su estado de salud, si se alimenta o si está siendo torturado por funcionarios del estado”, dijó Baduel.

Señaló que acudieron a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Militar y otros organismos y aún siguen sin obtener una respuesta de cualquier ente gubernamental con respecto a dónde se encuentra su padre.

Aseguró que  llevaron el caso a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que los casos de violación de estos últimos hay que denunciarlos.