Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), indicó que «es muy dificil» que las personas sordas accedan a la información, sobretodo desde le inicio de la pandemia de Covid-19.

En el marco del Día internacional de las Lenguas de Señas, el líder de Consorven aseguró que «no lograremos reducir las desigualdades, a menos que todos alcemos la voz (…) Reafirmamos al uso del lenguaje de señas como un derecho humano».

De Gouveia hizo esa afirmación en el evento «La Comunicación es un Derecho Humano», realizado, este miércoles, en conjunto con el Gobierno Encargado de Venezuela.

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En el evento, realizado de manera virtual, estuvo presente, en representación del interinato, Juan Guaidó, presidente (E) de Venezuela, y Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos del Ejecutivo encargado.

Ambos funcionarios rubricaron una carta de la Federación Mundial de Sordos (FMS), sobre los derechos de la lengua de señas, con la presencia de Joseph Murray, presidente del organismo y Wilma Newhoudt, primera parlamentaria sorda de Sur África.

La vulnerabilidad de la discapacidad auditiva

Según sondeos de Consorven, 67% de la población sorda completa la eduación secundaria. Sin embargo, de ese total, sólo el 10% domina un nivel avanzado de lectura y sólo el 1% domina un nivel avanzado de escritura.

De Gouveia indicó que 23% de las personas sordas accede a la universidad y que 89% «desconoce por completo la existencia de leyes que defienden los derecho humanos».

Con respecto al apoyo de parte de las instituciones oficiales, 92% de los encuestados reportó que «nunca ha recibido asesoria de ninguna institución pública».

En ese mismo sentido, 94% de los noticieros no cuentan con interpretación en lenguaje de señas venezolano.

En medio de la pandemia, 69% de personas con discapacidad «ha visto mermado su acceso a servicios y productos necesarios para la atención a su condición».

Los tres argentinos sordos que fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran unos niños denunciaron el caso este miércoles ante el Comitpe contra la Tortura de las Naciones Unidas y ante el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra.

En noviembre del 2019, dos sacerdotes fueron sentenciados a penas de 40 años de cárcel por abuso sexual y violación de niños en un internado en la región de Mendoza.

Así también ocurrió con quince sacedortes más, quienes están señalados por el mismo delito. Este caso judicial llevó al instituto a cerrar sus puertas en 2016 cuando se reveló la polémica,

En lenguaje de señas, Daniel Sgardelis de 45 años y una de las víctimas, aseguró que “en el mundo, hay muchos países donde estas cosas continúan sucediendo y aún reina el silencio”.