El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, reveló este jueves que el equipo de la ONU que visitó Nicaragua encontró “señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familiares, estudiantes, defensores de los derechos humanos y miembros de la Iglesia católica”, cometidos por agentes policiales y grupos armados afines al Gobierno de Daniel Ortega.

Según Zeid, la violencia de “elementos armados progubernamentales” ha seguido intensificándose, especialmente contra comunidades que han erigido barricadas o tranques.

La violencia y la represión en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril, según el funcionario de la ONU, “son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de derecho”.

“Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado. Es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, insistió Zeid, quien destacó que la ola de violencia en el país ha cobrado la vida de alrededor de 250 personas, según datos de la ONU.

El alto funcionario urgió a las autoridades “a tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas adecuadas para proteger a la población y evitar más muertes”.

El equipo de la ONU también habría recibido quejas de la presencia de individuos armados en las calles, quienes “habrían contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad”.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, afirmó hoy que el veto temporal del presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es “ilegal”, “malvado” y desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo.

“La discriminación basada en la nacionalidad únicamente está prohibida por el Derecho Humanitario”, señaló Zeid en un mensaje de la red social Twitter de su oficina.

En la cuenta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado, el responsable de más alto nivel de las Naciones Unidas en reaccionar hasta el momento directamente al veto de Trump, recalcó que “el veto estadounidense es también malvado y desperdicia los recursos necesarios para una lucha antiterrorista adecuada”.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende el programa de acogida de refugiados durante 120 días, con el fin declarado de revisar el procedimiento que se aplica y evitar la entrada de potenciales terroristas.

Además, cierra las puertas del país a la mayoría de refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende durante 90 días la obtención de visados en siete países de mayoría musulmana con historial de terrorismo.

Por parte de la ONU el sábado la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de la Migración (OIM) pidieron a EEUU que mantenga “su larga tradición” de proteger a los que huyen de conflictos, pero evitaron criticar abiertamente la nueva política de restricción de entrada refugiados e inmigrantes al país.

“Esperamos que EEUU continuará su claro liderazgo y su larga tradición de proteger a aquellos que están huyendo de conflicto y persecución”, afirmaron las dos entidades en un comunicado conjunto.

Según fuentes de la ONU desde octubre pasado (coincidente con el inicio del actual año fiscal en Estados Unidos), las autoridades estadounidenses han admitido a 25.600 refugiados.

En el año fiscal precedente (de octubre 2015 a septiembre 2016), EEUU recibió casi 85.000 refugiados, según datos de la Oficina de Población Refugiada de este país.

En los últimos años, EEUU ha sido uno de los países que ha admitido más refugiados para su reasentamiento, junto con Canadá, Australia y los países nórdicos.

Estados Unidos es igualmente el mayor contribuyente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que financió con casi 1.500 millones de dólares el año pasado, muy por encima de la Unión Europea (341 millones), Alemania (284 millones) y Japón (164 millones), que le siguen.

Nota de La Patilla