17 años de la muerte de Danilo Anderson: Un asesinato controvertido en la política venezolana

Hace exactamente 17 años, Venezuela vivió uno de los asesinatos más impactantes y más controvertido en la política venezolana: la muerte del fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson.

Fue asesinado el 18 de noviembre de 2004 a los 38 años, cuando investigaba a más de 400 personas que presuntamente estaban acusadas de crímenes contra el Estado venezolano.

Era precisamente Anderson el encargado de descifrar los sucesos de Puente Llaguno y el fallido golpe de estado de abril de 2002.

Esa noche mientras conducía a su casa desde el Instituto de la Policía Científica, en donde tomaba clases de postgrado, su vehículo estalló, pues habían colocado un aparato contentivo de un explosivo plástico C-4 debajo de su Toyota Autana.

Fue un acto terrorista que ocurrió en la calle La Ciencia de Los Chaguaramos de Caracas, cerca de las 9: 45 pm cuando explotó el aparato contentivo de 250 gramos de C-4.

Se cree que el C-4 fue activado desde un teléfono celular. Los testigos dicen que oyeron dos explosiones ruidosas y cuando observaron el vehículo ya se encontraba en llamas, a punto de impactar en contra de un edificio cercano.

Fotos, Diario Las Américas

Un caso polémico para el gobierno

La investigación comenzó a cargo de la División Contra Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en las investigaciones de la prensa se dijo que funcionarios de esta división estaban ocultando presunta información e incluso destituyeron a algunos.

Luego pasó a la ‘Comisión 11 de abril’ y posteriormente se creó una Comisión Especial Multidisciplinaria, a cargo de José Cuellar, quien entregó un informe confidencial a Isaías Rodríguez, fiscal general de Venezuela y al propio presidente Hugo Chávez. Pero esto fue rechazado y provocó la salida de este grupo de detectives del caso Anderson.

La prensa habló de fuga de información, pero también de la implicación de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), actualmente Sebin, en este hecho y la presunta corrupción dentro del poder venezolano.

Dentro de las declaraciones de Isaías Rodríguez y Jesse Chacón, quien era ministro Interior y Justicia, había diferencias. Primero se decía que el C-4 fue colocado dentro de la camioneta, específicamente debajo del asiento. Luego Chacón dijo que investigaciones científicas comprobaron que el C-4 estaba por fuera en la parte de abajo de la Autana.

Esta versión cambiaría todo el caso pues si el C-4 estaba colocado dentro del vehículo, se dijo que Anderson tenía un sistema de seguridad en su camioneta que al abrirla le avisaba al celular, entonces no pudieron abrir la camioneta sin que Anderson se diera cuenta.

Foto, Diario Las Américas

Dentro de las primeras horas, se culpaba a los opositores investigados por Danilo Anderson. Andrés Izarra, el ministro de comunicaciones de ese momento, dijo en rueda de prensa que se trataba de un “asesinato político”.

Mientras que Hugo Chávez dijo que el crimen fue porque “no pudieron comprarlo, no pudieron silenciarlo”.

Otra declaración importante fue la de Carlos Herrera, Concejal Metropolitano, que pidió se investigaran al vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, y a empresarios del área financiera por supuestamente presionar al fiscal Anderson.

El vicepresidente negó esas acusaciones y negó sus vínculos con empresarios financieros.

En el mes de enero se denunció una red de extorsión alrededor del fiscal asesinado, donde mencionaba a los fiscales Yoraco Bauza, Sonia Buznego y el juez Maikel Moreno.

Todas estas versiones sencillamente desaparecieron.

Los detenidos

A través de una llamada anónima comenzó el proceso de aprehensión. La policía recibió una llamada donde se acusaba a Rolando y Otoniel Guevara, y a Antonio López y Juan Carlos Sánchez de ser los autores materiales del hecho.

Nunca se develó quién hizo y de dónde hacían la llamada. Los abogados pidieron, entre tanto, la experticia y nunca se realizó.

Así el comisario Rolando Guevara y su hermano Otoniel, exsecretario de la extinta dirección de los servicios de inteligencia y prevención de la Disip y su primo Juan Guevara, inspector de la antigua PTJ, fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado.

El mismo día que los Guevara fueron aprehendidos, otros dos sospechosos en el caso, el abogado Antonio López Castillo y el exagente de policía Juan Carlos Sánchez, cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados.

Familiares de López Castillo y Juan Carlos Sánchez negaron esta versión de enfrentamiento. El padre de Juan Carlos dijo en entrevista con los medios de comunicación que lo habían asesinado dentro de la Disip.

Además, recalcó que una de las heridas de bala que tenía su hijo era en el lado izquierdo a la altura de la clavícula y su hijo media más de 1,90 metros. “Si estaba parado, ¿Cómo le hicieron esa herida que tenía sentido hacia abajo?”.

Mientras que los padres de López Castillo, quienes también estuvieron detenidos y salieron en libertad condicional; dijeron en entrevista con Globovisión que “Antonio tenía alrededor de 15 perforaciones y tenía además un tiro de gracia en la barbilla”.

Un allanamiento por parte de la policía de la casa de López Castillo reveló un supuesto pequeño arsenal de armas, municiones y equipo militar.

Por otro lado, Jackeline Sandoval, abogada de la familia Guevara, ha dicho que son inocentes, y ha denunciado todas las violaciones que se han cometido al proceso judicial al largo de estos años.

Foto, El Cooperante

“Los han tenido privados de libertad durante 17 años, violándose todos los derechos humanos”, expresó Sandoval en entrevista con Luis Olavarrieta, hace un año.

Sandoval además es la esposa de Rolando Guevara y declaró que para ella los implicaron en este asesinato por diversas causas: “Nunca estar con el gobierno, el hecho de hacerlo saber. El hecho de participar abiertamente en la seguridad de muchos militares que se apartaron o desistieron de ser precisamente parte del gobierno de Chávez”.

“Debemos insistir que si bien es cierto que Rolando, Otoniel y Juan son presos de Chávez, ha continuado la violación a sus derechos con el gobierno de Maduro”, enfatizó Sandoval.

Han pasado 17 años detenidos, cumpliendo una condena de 27 años la cual sigue intacta a pesar de que los principales testigos del caso alegaron en su momento que recibieron dinero para testificar en su contra.

“Desde el momento en que ocurre la muerte, hasta que son llevados a tribunales, todo el mundo había sido ascendido de sus respectivos cargos, nada más por ese caso”, dijo Sandoval.

En este caso, los funcionarios que hicieron la aprehensión de los Guevara no acudieron a declarar, como es el debido proceso penal. “Fueron más bien evadidos de toda responsabilidad para testificar. Los funcionarios que declararon fueron citados por nosotros”, recalcó Sandoval.

Los testigos presentados por el Ministerio Público fueron dos y al año se supo que habrían sido pagados.

Fue una investigación periodística la que reveló lo que estaba ocurriendo en este caso. Sandoval en la misma entrevista con Olavarrieta agradeció al periodismo por sacar a la luz todo lo turbio que sucedió con los Guevara.

“Este caso no hubiera tenido la resulta que hemos obtenido, si no son los periodistas los que han avanzado en esas investigaciones y los encargados de difundir lo que ha pasado en el caso”.

Muchos nombres conocidos fueron inculpados

Un año después, cerca de la fecha del asesinato de Anderson, Yoraco Bauza, fiscal del caso, solicitó la aprehensión de la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el general Eugenio Añez y el exfuncionario de seguridad Salvador Romaní.

El 14 de diciembre el empresario Mezerhane se presentó en tribunales y se puso a la orden de la investigación bajo derecho.

La juez Alejandra Rivas, que llevaba el caso, decidió salirse del mismo y fue nombrado Francisco Siano, quien ratificó en audiencia de presentación la medida de privativa de libertad para el empresario.

Las pruebas que presentaba la fiscalía era el dicho de un supuesto testigo, que decía que Mezerhane se había reunido para la planificación del asesinato. Esto fue desmentido por la defensa. Mezerharne logró luego su libertad.

Giovanni José Vásquez de Armas era el testigo que clave de la fiscalía. Un antiguo miembro confeso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización colombiana paramilitar de extrema derecha.

En el testimonio jurado del 29 de agosto de 2005, Vásquez de Armas declaró que había participado en dos reuniones para planificar ataques en contra de altos miembros del gobierno venezolano.

Alegó que los participantes del segundo encuentro habían fijado como objetivo al fiscal Danilo Anderson. Después de aquel segundo encuentro, Vásquez de Armas dijo que recogió 12 kg de explosivo C-4 en Panamá y lo transportó a Venezuela.

 

Este testigo dijo que la periodista Poleo fue quién presuntamente entregó una fotografía del fiscal y habría recomendado a los hermanos Guevara para que realizaran la operación.

Esta operación tendría un costo de 20 millones de dólares. El supuesto testigo relató que el Departamento de Administración de Seguridad de Colombia (DAS) conocía el plan y por eso no impidió la entrada de los explosivos a Venezuela.

Asimismo, señaló a funcionarios del FBI y de la CIA como los encargados de la logística y la salida de los involucrados.

Los nombres seguían saliendo. Se acusó también al exjefe del Core I, Jaime Escalante, general de la Guardia Nacional, quien según también habría planificado la muerte de Anderson. Además de Fernando Moreno Palmar, comerciante que presuntamente seria otro de los autores del hecho.

Nicolás Maduro, que para ese momento era presidente de la Asamblea Nacional, denunció que en la casa de Tobías Carrero se realizó una reunión donde estuvieron: Alberto Federico Ravell, Nelson Mezerhane y “unas personas, unos abogados, muy vinculados al poder judicial. Pusieron sobre la mesa tres millones de dólares. Tenemos toda la información”, dijo el actual gobernante a la prensa.

Alberto Federico Ravell, director para ese momento de Globovisión, desmintió esto y además dijo que entonces debían investigar al director de la Disip por dejar salir a Mezerhane a reunirse con él, pues para ese lunes estaba detenido Mezerhane, luego de ponerse a derecho ante tribunales.

Muchos fueron los nombrados, inculpados e investigados pero los que todavía, 17 años después cumplen condena son los hermanos Guevara y su primo.

La abogada Sandoval dijo en entrevista para Olavarrieta que desde el 2011 ellos podían acceder a “medidas alternativas de cumplimiento de la pena”, por tener ya un lapso cumplido y pueden obtener los “beneficios procesales”.

Desde el 2011 la abogada ha hecho mensualmente la petición a tribunales y no ha obtenido respuestas. “Los exámenes psicosociales, se les han hecho solo en dos oportunidades (para el año 2020), por el plan cayapa”.

“Les hacen unos exámenes psicosociales donde son desaprobados, porque señalan que no admiten los hechos. Si tu no hacen un hecho tú no puedes admitirlos. Si yo tengo que admitir para poder salir, ¿Quién gana, el gobierno o la justicia?”,

Una muerte, muchos salpicados

Al momento del suceso, en máximo una hora llegaron al lugar de los hechos varias figuras con cargos importantes dentro del gabinete del gobierno. Uno de ellos fue el entonces alcalde mayor de la ciudad, Juan Barreto, José Vicente Rangel y el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.

Incluso, estuvieron en el lugar el presidente del canal del Estado, representantes del Poder Electoral y diputados de la Asamblea Nacional.

Para el momento existían dudas de quién había fallecido, pues el cuerpo quedó calcinado, pero la presencia de estos altos funcionarios evidenciaba que era alguien importante.

Sin saber el cómo y contra quién fue la bomba, ya se hablaba de homicidio.

Del apartamento de Danilo fueron sacados cerca de 1 millardo de bolívares, una máquina de contar billetes, videos, entre otras cosas.

La hermana del fiscal, Marisela Caraballo Anderson, ha señalado que dentro del gobierno se pudo haber planificado el homicidio de su hermano e incluso llegó a asegurar que entre quienes cargaron el ataúd de Danilo estaba el implicado.

Los familiares no son los únicos que especulan sobre la muerte del fiscal, algunos políticos y funcionarios también han ofrecido sus apreciaciones del caso.

El exdiputado Pablo Medina, autor del libro «¿Quién mató a Danilo Anderson?», aseguró que el fiscal estaba a punto de imputar al entonces ministro de Defensa, el general Lucas Rincón, quien estaba obligado a confesar ante la corte algunas verdades que expondrían al chavismo sobre la breve salida del poder de Hugo Chávez en 2002.

“Querían evitar que imputara a Lucas Rincón, porque el general había dicho que se le pidió la renuncia al señor presidente, lo cual aceptó”, señaló Medina al explicar que Anderson también planeaba imputar a funcionarios que reprimieron en las manifestaciones.

Pablo Medina dijo que varios funcionarios del chavismo se reunieron en el Ministerio de Ambiente en El Hatillo, para planificar la muerte.

«José Vicente lo planificó, conjuntamente con Isaías Rodríguez, fiscal general, con el jefe de la DISIP (dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el coronel Rodríguez Torres y con el ministro de Relaciones Interiores, Jesse Chacón», destacó el exdiputado hace varios años.

¿Quién era Danilo Anderson?

Nacido en Caracas, Danilo Anderson estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en criminología y leyes ambientales. Más tarde trabajó para varios bufetes de abogados y fue fiscal tributario entre 1993 y el año 2000.

Anderson se describía a sí mismo como un izquierdista radical, que, independientemente de sus opiniones políticas, era percibido por muchos como uno de los más brillantes y mejores fiscales del Ministerio Público venezolano.

En apenas cuatro años de carrera, tuvo los casos más importantes del país. Él era el representante del Ministerio Público capaz de acusar a cualquiera.

Fue el encargado de poner tras las rejas a ocho policías metropolitanos por los hechos de abril. También a Carlos Alfonso Martínez, por conspiración y rebelión civil y a Henrique Capriles por los sucesos en la embajada de Cuba.

A Joao De Gouveia por la masacre de Altamira, a Manuel Arias, alias “Pollo Ronco”, por la muerte durante una marcha en la Plaza O’Leary del sindicalista Newman Herrera, a los pistoleros de Puente Llaguno, que luego salieron en libertad.

La lista es larga e incluyó a militares disidentes.

Post mortem fue condecorado con la orden Libertador en Primera Clase, Orden estrella al Ministerio Publico y la WarairaRepano, otorgada por la Alcadía de Caracas.

Además de esto, se creó un reconocimiento que lleva su nombre, para los fiscales destacados.

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