Duplicidad en Venezuela: dos poderes, una sola realidad social

Duplicidad en Venezuela: dos poderes, una sola realidad social

Venezuela, país ubicado al norte de Suramérica, sumergido en una crisis social, política, humanitaria, y principalmente en la economía: permanece sumergida en una hiperinflación por tercer año consecutivo, hecho denunciado por la Asamblea Nacional (AN).

En el tema político, la duplicidad de instituciones del Estado y la comprensión que se ha hecho de la Constitución respecto a esto, es la problemática recurrente desde el 2019. Mientras todo esto transcurre, sigue escalando la cifra migratoria, que tiene trato de crisis por los gobiernos en la región. Los países que reportan más llegada de venezolanos son Colombia, Ecuador y Chile.

Dos gobiernos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó para el 20 de mayo de 2018 elecciones para elegir al nuevo presidente del periodo 2019-2025. El periodo en el cargo de los rectores del Poder Electoral ya se encontraba vencido cuando el pleno de la Asamblea Nacional (opositora al para entonces gobierno de Nicolás Maduro) desconoció la celebración de los comicios bajo el argumento que en el país no habían condiciones democráticas.

Por otra parte, las elecciones fueron convocadas a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano no reconocido por el Parlamento y la mayoría de la comunidad internacional.

Datos del CNE señalaron que de los más de 20 millones de personas en edad para votar, solo participaron 9.389.056, de los cuales presuntamente 6.245.862 eligieron a Nicolás Maduro para un nuevo periodo. Los otros dos candidatos, Henri Falcón (Avanzada Progresista) y Javier Bertucci (El Cambio), lograron por una pequeña cifra llegar a los 3 millones.

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Antes el desconocimiento del Parlamento a Nicolás Maduro como presidente, la nueva directiva del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, anunció que en cumplimiento de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, asumiría las atribuciones del presidente encargado de la República.

Guaidó cuenta con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, el Ministerio Público (MP) en el exilio, Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Japón, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, Micronesia, Montenegro, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumania, Suecia, Ucrania, el Parlamento de la República Italiana, el Parlamento Andino, el Parlamento Europeo y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por su parte, Maduro es reconocido por los gobiernos de Rusia, China, Irán y Cuba, cercanos aliados de su administración. Así como la parcial aceptación que se le da desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un alto número de países. Sin embargo, cuando se habla del Consejo de Seguridad del órgano, 3 de los 5 que lo conforman (Francia, Estados Unidos y Francia) no lo consideran presidente legítimo del país.

Dos Asamblea Nacional

Una vez vencido el periodo de la directiva de la Asamblea Nacional, conformada por Guaidó (presidente), Édgar Zambrano (primer vicepresidente) y Stalin González (segundo vicepresidente), se procedió a elegir por nuevas autoridades el 5 de enero de 2020.

Antes de la primera sesión del año, había un ambiente de acusaciones tras la investigación hecha pública por el medio armando.info que señaló a varios diputados de haber usado su condición de legisladores y en acuerdo con la administración de Maduro, presentar cartas de buena conducta a favor del empresario Alex Saab, acusado por instituciones judiciales internacionales de pertenecer a una red de corrupción.

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Para ese día hubo una serie de trabas para ingresar al Palacio Federal Legislativo en Caracas, asiento de la AN. Un grupo de diputados, entre ellos Juan Guaidó, fueron impedidos de ingresar. Mientras esto sucedía, adentro del recinto se procedió a juramentar -a pesar de no tener ‘quorum’- Luis Parra como presidente; Franklin Duarte, primer vicepresidente; y José Gregorio Noriega, segundo vicepresidente. Los legisladores del chavismo, que tras un acuerdo se reincorporaron al Parlamento, votaron por improvisado candidato al Parlamento.

La acción fue denunciada por Guaidó como un “golpe parlamentario”. El grueso de diputados procedieron a juramentar una junta directiva, presidida por segundo periodo consecutivo por el presidente (E), en la primera vicepresidencia Juan Pablo Guanipa, mientras que en la segunda vicepresidencia fue juramentado Carlos Berrizbeitia.

En una fecha que la mayoría de la población venezolana aún se encontraba vacacionando por la temporada decembrina, en el mundo se tituló sobre estos hechos que ahora Venezuela “tenía dos Parlamentos”. La presidida por Parra, que no cuenta con mayoría de legisladores, y se denunció que muchas personas ajenas a la Asamblea han participado como diputados. Mientras, el Parlamento presidido por Guaidó, reconocido ampliamente por instituciones y gobiernos democráticos del mundo.

Dos Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Situación compleja es la que presenta el máximo representante judicial y constitucional del país. Cuando fue elegida una nueva Asamblea en 2015, el anterior Parlamento en reunión extraordinaria y a finales de diciembre designó nuevos magistrados del TSJ, la mayoría con antecedentes de haber militado en partidos del chavismo, por lo que se preveía una parcialidad política en sus decisiones.

La primera decisión fue desconocer a los seis diputados electos por el estado Amazonas por presuntos vicios en la elección de éstos el 6 de diciembre de 2015. Luego de esto, el TSJ, a través de diferentes sentencias e interpretaciones constitucionales polémicas, bloqueó que miembros del Gobierno, e incluso el para entonces presidente, Nicolás Maduro, presentaran su memoria y cuenta en el Parlamento. Se inició una guerra de poderes en el Estado.

Posteriormente, cuando el Legislativo incorporó a los diputados de Amazonas, el TSJ dictó que el Parlamento estaba bajo la figura judicial del “desacato”. Cabe acotar que esto no se encuentra contemplado en la Constitución ni en las leyes venezolanas.

En medio de una crisis institucional en Venezuela, el 21 de julio de 2017 la Asamblea Nacional designó a 33 nuevos magistrados para el TSJ como reemplazo de los anteriores que se les acababa el periodo. El TSJ leal a Maduro declaró nulo el acto y emitió órdenes de investigación contra los jurisconsultos elegidos por el Parlamento. Solicitó a la justicia “civil y militar” ejercer las medidas de coerción necesarias.

Los magistrados electos se fueron al exilio. Países como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos les brindaron asilo político. Desde el exterior, éstos emanan sentencias como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.

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A pesar que sus decisiones judiciales y constitucionales no son acatadas en el país, un gran número de instituciones democráticas en el mundo reconocen su legitimidad y rechazan las continuadas decisiones parcializadas emanadas desde el TSJ en Venezuela, el cual es catalogado como “propiedad” de la administración de Maduro.

Dos Ministerio Público

Luego de casi 10 años en el cargo de fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se desentendió del gobierno chavista de Nicolás Maduro en el 2017 en medio de una crisis institucional y su oposición a la designación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual fue electa sin suficientes votos, denuncias de poca transparencia electoral, presiones a votantes y sin asistir la oposición venezolana.

Dos hechos marcaron la ruptura completa de Ortega Díaz con el chavismo:

  • El TSJ de Maduro emitió el 31 de marzo de 2017 dos sentencias que le abrogaban las facultades constitucionales del Parlamento a sí mismo y al presidente de la República. La fiscal denunció en rueda de prensa que la decisión representaba una “ruptura al orden constitucional”.
  • Su desacuerdo a la elección de una ANC. Maduro convocó elecciones al llamado “poder originario” porque en su investidura de jefe de Estado actuaba “en nombre del pueblo”, pero a juicio de Ortega Díaz era una violación a los artículos 5, 63, 347 y 348 de la Constitución.

Ya instalada la ANC con amplia mayoría chavista, el diputado del poder estatal, Pedro Carreño, solicitó al TSJ un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz por los delitos de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa. También solicitó la prohibición de salida del país de la fiscal y congelamiento de sus bienes. El Poder Judicial accedió a las peticiones de Carreño y programó una primera audiencia, además de que concede las medidas cautelares solicitadas de prohibir la salida del país de la Fiscal y congelar sus bienes.

El TSJ, asumiendo funciones del Parlamento, suspendió a Ortega Díaz del cargo para que se iniciara su enjuiciamiento, además de congelar sus bienes, prohibirle salir del país e inhabilitarla para ejercer cargos públicos. En la misma fecha, la ANC inició funciones y con decisión unánime de sus 545 integrantes, aprobó la destitución de la fiscal y adjudicó el cargo tiempo después al para entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dirigente de largo recorrido del chavismo.

Las facultades de Saab en el cargo son discutidas y no reconocidas por la Asamblea, OEA, Unión Europea, así como fiscales de diferentes países.

Una sola Constituyente, de discutida legitimidad

La elección de una ANC, poder constituyente establecido en la Constitución para redactar una nueva Carta Magna en Venezuela. Desde el inicio de sus funciones, se han abrogado y han hecho uso de las responsabilidades democráticas de la Asamblea Nacional. Las leyes emanadas desde el gobierno de Maduro han sido aprobados por dicho poder, así como reformas económicas, fiscales, judiciales y sociales.

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Carece de reconocimiento nacional e internacional. En Venezuela, negar su autoridad ha acarreado penas judiciales. En reiteradas ocasiones su presidente, Diosdado Cabello ha asegurado que la ANC legislará hasta finales de 2020, sin embargo para medios del Estado recalcó que es “soberanísima” y puede alargar su tiempo de vigencia si ella lo desea.

Partidos políticos

El TSJ leal a Maduro declaró omisión legislativa para que la Asamblea Nacional (ya con problemas de duplicidad) designara nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tanto el Parlamento como la coalición de partidos políticos opositores que la conforman rechazaron esta medida y anunciaron que no participarían en la “falsa electoral de Maduro”.

Un grupo de dirigentes políticos de diferentes partidos: Bernabé Gutiérrez (Acción Democrática), José Brito (Primero Justicia) y Chaim Bucarám (Un Nuevo Tiempo), interpusieron medidas ante el TSJ para que fueran removidas las directivas de los movimientos políticos. El resultado es que en dos de las tres mencionadas fueron dictadas nuevas direcciones, dirigidas por quienes interpusieron los recursos.

Esto fue rechazado por las direcciones actuales y militancia de AD y PJ, así como en UNT ante la intención que se le dicten nuevas autoridades. Por su parte, Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, expresó su desconocimiento a las acciones del TSJ y anunció acciones en conjunto para proteger los colores y emblemas de los partidos.

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Una sola realidad social: Venezuela en crisis

Economía, alimentos, medicina, servicios básicos (agua, electricidad, gas doméstico), transporte público, estos son solo algunos de los sectores que han venido ha menos hasta ocasionar una crisis migratoria venezolana en la región (2.619.000 hasta finales de 2019, cifras de la ONU) y una “crisis humanitaria compleja” (ser de eje medular político y afectar considerablemente todos los ámbitos de la vida humana), llamada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Gobierno (E). A eso se suma la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, que ataca al país en medio de una situación de vulnerabilidad del sistema hospitalario nacional.

Economía

A partir de 2017, lo que era ya una economía en crisis, inició una etapa de “hiperinflación”, tras registrarse: una inflación mensual de 56,7 % e interanual de 1370 %;​ en ese período se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares.

La inflación acumulada entre 2013 y 2019 fue de 5.395.536.286%. La Asamblea Nacional calificó esto como el peor periodo histórico de la economía venezolana comparándolo con el año 1983 del famoso viernes negro cuando el PIB tuvo una caída de 9.9%.

Toda esta situación se ha traducido con una alta perdida del poder adquisitivo, que la población no pueda acceder a una debida alimentación por la diferencia entre el precio de la canasta alimentaria y el salario mínimo mensual.

Para abril de 2020, el Parlamento alertó, a través de la Comisión de Finanzas, que la hiperinflación “continúa y se agrava” en medio de la pandemia por covid-19. Asimismo, el miembro de la comisión, economista y diputado Ángel Alvarado, advirtió que la canasta alimentaria pasó de 225 a 263 dólares entre febrero y marzo.

La administración de Nicolás Maduro ha repetido en reiteradas oportunidades en sus discursos oficiales que la crisis se debe al “bloqueo del imperio norteamericano”, refiriéndose a las sanciones selectivas aplicadas por instituciones de Estados Unidos a sus funcionarios, miembros e instituciones del Estado con legitimidad discutida y él mismo, no reconocido como presidente por el gobierno de EEUU.

Medicina y hospitales

La letal enfermedad covid-19 hizo su arribo a Venezuela en medio de una dura crisis en cuanto a escasez de alimentos y atención en clínicas y hospitales. En la nación, que se prometen tratamientos médicos a todos sus ciudadanos por dictamen constitucional y ley del Estado, estos no se consiguen y se han registrado muertes en diferentes regiones por enfermedades ya erradicadas como el paludismo, difteria, así como otras de origen hepático.

La ONG Médicos Sin Fronteras alertó que en 63.64% de los centros hospitalarios con servicios pediátricos no existen fórmulas lácteas para los recién nacidos. Además, registró 81% de escasez del material  quirúrgico y 75% de ausencia en medicamentos. Asimismo, se señaló que hay 95% de fallas severas y paralización de los laboratorios como, por ejemplo, 80% en la Tomografía Axial Computarizada (TAC). Pues, solo 37,3% de los hospitales ofrecen el servicio de rayos X y 29,3%, los ecos.

En el caso de los recursos que deberían proveer los hospitales el panorama es incluso más alarmante: existe una falla severa o inoperatividad en 87% de catéter o sondas, 81% de insuficiencia del material médico quirúrgico y 75% de escasez de medicamentos.

Recientemente el inféctologo, miembro de Médicos sin Fronteras y la Comisión de Expertos de la Salud que brindan consejo al Gobierno (E), Julio Castro, alertó que la cifra de fallecidos por covid-19 podría ser más alta que la anunciada por miembros de la administración socialista en sus reportes diarios.

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Servicios básicos

Un “mega apagón” en toda Venezuela el 7 de marzo de 2019 fue el inicio de una crisis en todos los servicios públicos que ya tenía un largo historial de fallas y denuncias por parte de organizaciones civiles. Mientras que la administración de Maduro culpó nuevamente a factores internacionales de la falla que se extendió por todo un mes y que ocasionó el colapso en el servicio de agua por tuberías, sindicatos expertos en el área explicaron que se debió falta de mantenimiento, inversión y corrupción en el sector.

Pasa el 2020 y VPItv se ha hecho eco de denuncias en todas las partes del país por ciudades, sectores y comunidades que no cuentan con servicio de agua, padecen hasta 30 horas sin electricidad o no les suministran cilindros con gas doméstico y deben cocinar con leña en espacios abiertos.

Transporte público

La crisis del transporte público se agudizó en 2017, año en que se redujeron las importaciones de repuestos y suministros para vehículos. En aquella oportunidad el Gremio de Transportistas se declaró en paro técnico ya que 70% de las unidades que prestaban servicio se encontraban inhabilitadas.

Los años subsiguiente la administración de Maduro procedió a facilitarle lo necesario a los conductores para que fueran habilitadas sus unidades, sin embargo, los sindicatos y organizaciones que los representan han denunciado que “no son más que medidas de paño caliente” y no subsanan la problemática de raíz.

Para el actual año y en el marco de la pandemia, cerca del 60% del transporte en el país tiene fallas y no se encuentra en servicios. A la dificultad para conseguir repuestos, se le suma la escasez de gasolina.

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Crisis petrolera y escasez de gasolina

Mayoría de estaciones de servicio cerradas y enormes filas de vehículos (más de un kilómetro de colas), así como focos de corrupción en la venta de gasolina, ese fue el panorama durante el mes abril -- mayo de 2020 en Venezuela. Incluso la capital Caracas, siempre bien abastecida del combustible, fue golpeada por la escasez.

La escasez ya venía arropando a gran parte de Venezuela desde que en marzo Nicolás Maduro dictó una cuarentena para hacer frente a la pandemia por covid-19. Pero ¿a qué se debe este problema?

José Toro Hardy, economista, experto petrolero, ex miembro del directorio de Pdvsa y parte del Plan País sector Energía, en conversación para VPItv reiteró que las refinerías de petroleo en Venezuela se encuentran en una aguda crisis debido a la “corrupción del régimen y la falta de inversión desde el gobierno de Chávez”. Refiriéndose al mismo tema, declaró que se hará un esquema de corrupción con el nuevo mecanismo para surtir de combustible en Venezuela, lo que generará más escasez.

El culpable de esto, según Nicolás Maduro, es el “saboteo de Trump” y las sanciones impuestas contra su administración. En el nuevo esquema dictado habrá venta de combustible importado a precios internacionales (0,50 dólares el litro).

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