La Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya creó un instrumento constitutivo con el fin de hacer justicia a todos los crímenes graves de lesa humanidad, imputando los delitos de genocidio, guerra y agresión como los más importantes.
La Asamblea Nacional (AN) venezolana busca que se aplique las medidas correspondientes del Estatuto de Roma a la Administración de Maduro por distintas razones, pero la más destacadas fue el recién asesinato del capitán de fragata, Rafael Acosta Arévalo, que puede ser culpado por asesinato, tortura y desaparición forzada.
Este 17 de julio se cumplirán 21 años desde la creación de este instrumento, que ha servido para señalar y enjuiciar a los violadores de Derechos Humanos en todo el mundo.
