El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reportó que durante el primer semestre de 2021, se registraron al menos 434 actos de persecución y criminalización por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Esos 434 casos se traducirían en una media de dos casos por día, es decir que cada 10 horas una persona u organización de la sociedad civil es perseguida o criminalizada, según la organización.
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Para Cepaz, estas acciones forman parte de una continuada política por parte de la administración de Maduro y solo pretenden cerrar el espacio cívico.
La organización analizó los distintos casos e identificaron la ejecución de distintas prácticas que presuntamente socavarían los derechos humanos, tales como ataques a los trabajadores de la prensa, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de carácter político, líderes políticos y sus familiares, y la población en general.
También añade que entre los supuestos patrones de persecución y criminalización identificados están: la apertura de procedimientos judiciales, las amenazas, estigmatizaciones y hostigamientos, el allanamiento irregular a la propiedad privada, las detenciones arbitrarias, el cierre de emisoras de radio, el bloqueo de páginas web, los despidos injustificados, el uso de los poderes públicos y particularmente de la Asamblea Nacional chavista para perseguir a los líderes políticos, entre otros.
Cepaz denunció que durante el 2021 se ha recrudecido la censura en Venezuela, pues el acceso a la información es más limitado con el devenir de los días por el cierre de los espacios de información, criminalización de la labor periodística y los estragos de una emergencia humanitaria, por las constantes falles en los servicios básicos.
114 ataques contra la labor periodística registró la organización en lo que va de año. 64 de ellos fueron presuntas amenazas, hostigamiento y violencia; dos allanamientos con incautación de equipos, 11 ataques a portales web, siete actos de criminalización basados en la cooperación financiera internacional. Adicionalmente, dos cierres de programadas radiales y una clausura temporal a un medio de información.
En el informe expuesto en su página web oficial, destacan el cierre de tres emisoras por supuestos motivos políticos, un diario que dejó de circular en modalidad impresa; cuatro emisoras de radio afectadas por fallas eléctricas, cinco procedimientos abiertos y 12 trabajadores de la prensa detenidos.
Un caso específico sería el de este canal, VPItv, que el 8 de enero sufrió allanamiento y confiscación de equipos por supuesta violación de la Ley Constitucional contra el Odio. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció este hecho en uno de los apartados de su último informe de 21 páginas.
Cepaz también documentó 31 presuntos ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Específicamente 10 detenciones arbitrarias, un allanamiento a la sede de una organización, ocho actos de amenaza, estigmatización u hostigamiento, siete actos de criminalización a la cooperación financiera internacional. Además de dos bloqueos a portales web vinculadas con las organizaciones de la sociedad civil y un mural con denuncias y exigencias borrado.
El centro añadió que 268 actos de persecución contra los miembros de las organizaciones políticas de oposición, líderes políticos y sus familiares, fueron contabilizados en tan solo seis meses, además de la imposición de medidas cautelares de prohibición de salida del país contra 43 diputados, 12 detenciones arbitrarias, 66 actos de amenazas, hostigamiento o violencia, 28 inhabilitaciones para el ejercicio de cargos políticos de distintos dirigentes, dos actos de solicitud de extradición de personeros políticos en el exilio y 100 citaciones y acusaciones contra personas vinculadas con la gestión legislativa de la oposición entre el 2016 y el 2020.
Con respecto a la población civil, el ente destacó que en el primer semestre de 2021, identificaron 21 ataques de los cuales siete fueron supuestas detenciones arbitrarias, tres actos de control o discriminación, ocho actos de amenaza, dos allanamientos arbitrarios de viviendas y el desarrollo de un juicio provisto de irregularidades.
Finalmente, Cepaz urgió culminar con estas prácticas; restituir y garantizar el cumplimiento de los derechos civiles, sociales políticos y culturales; y acatar las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
