Yvett Lugo Urbáez, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, acompañada de directivos de dicha corporación gremial, acudió a primera hora del martes, ante la Sala Política Administrativa del TSJ a demandar la nulidad del los decretos mediante los cuales el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente.
En el escrito se denuncia que el presidente de la República, usurpó atribuciones del Pueblo venezolano, único depositario del Poder Constituyente conforme al artículo 347 de la Constitución. Una cosa es el poder de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que solo puede hacer el Pueblo y otra la “iniciativa” de tal convocatoria, que el artículo 348 le asigna, entre otros entes del Estado al presidente de la República en Consejo de Ministros.
“Las competencias en materia de atribuciones gubernamentales, no se presumen –argumentan los demandantes- tienen que estar establecidas de manera, expresa, en la Constitución y esta última ni expresa ni de manera tácita le atribuye al jefe de Estado, competencia para convocar la ANC. Por ello, además de usurpar funciones, privativas del Pueblo venezolano, el Presidente se extralimitó en las que tiene, porque ninguna de éllas le asigna el poder de convocar la ANC”.
Entre los demás alegatos de los demandantes, llama la atención la denuncia por contradicción en que habrían incurrido los Decretos: “No se puede convocar – se lee en el documento- como se pretende con los decretos 2.830 y 2.831 un proceso electoral regido, al mismo tiempo, por los principios de “universalidad” y de “sectorización. Son dos conceptos gramatical, lógica y jurídicamente, antinómicos, que se contradicen y anulan entre sí. Es como afirmar que esa elecciones se van a regir por un círculo cuadrado.”.
Los demandantes invocan, precedentes, nacionales e internacionales, que ante tales especies de contradicciones hacen que los actos administrativos sean declarados de “imposible ejecución”.
Nota de La Patilla
