La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) hizo público,mediante un comunicado, el respaldo a sus trabajadores que se han unido al paro cívico general de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática y por gremios sindicales, que inició el miércoles 26.
El grupo consideró que es un derecho ciudadano y constitucional “que representa un mecanismo válido de protesta ante la decisión ilegítima del Ejecutivo Nacional de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que, no sólo no es la solución para la grave crisis socioeconómica y política que vive el país, sino que más bien contribuirá a agravarla”, en referencia a las elecciones para el cambio de Constitución que buscará llevar a cabo el gobierno de Nicolás Maduro el 30 de julio.
“Los ciudadanos venezolanos han manifestado de forma clara y contundente su decisión de cambio político a través de los resultados de la consulta popular realizada el pasado 16 de julio donde solicitaron detener la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el respaldo de la Fuerza Armada en la defensa de la Constitución y la conformación de un gobierno de unidad nacional para la reconstrucción del país. También han expresado su rechazo al desconocimiento de la Constitución y las leyes por parte del Ejecutivo Nacional, así como al deterioro de la democracia en Venezuela, a través de las masivas y cotidianas protestas nacionales que ya llevan 116 días y han cobrado 106 muertes; de las huelgas individuales de comunidades, sectores sociales y sindicales; de las innumerables manifestaciones como han sido las de la iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), las expresiones de gremios empresariales, colegios profesionales, de la sociedad civil y de las comunidades de venezolanos exilados o emigrados en otros países”.
Conindustria recordó que las manifestaciones de protesta han tenido el respaldo y apoyo de “la mayoría de los países que conforman los continentes americano y europeo”, y agregó que “los sindicatos de trabajadores y los gremios de transportistas han tenido un liderazgo visible”, con el objetivo de “presionar de manera organizada y respetuosa, pero firme, por el necesario cambio político que, a su vez, conduzca a una reactivación de la economía nacional”.
Reiteró que “sin cambio político no es posible generar el entorno en el cual se recupere la producción de las empresas, el abastecimiento, el empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos”.
El comunicado continúa: “Durante los últimos 18 años, el régimen socialista vigente en el país ha destruido empresas industriales, incluyendo las vinculadas con los sectores petrolero, químico y petroquímico, siderúrgico y metalmecánico, automotriz y de autopartes, papelero y de artes gráficas, de producción de cemento y materiales no metálicos, entre otros; ha causado un deterioro profundo de la infraestructura (seguridad personal, electricidad, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos); la pérdida de puestos de trabajo y de la cultura del trabajo; ha destruido la moneda nacional, el bolívar, como mecanismo de intercambio comercial y de ahorro, y arruinado el tejido macroeconómico de la nación con una inflación que ha empobrecido a los ciudadanos y unas tasas de interés que han eliminado el sistema financiero nacional como herramienta crediticia. Por eso, hoy Venezuela es un país en ruinas materiales, de infraestructura, de convivencia y de instituciones”.
“Por tales razones, y en aras de mantener la democracia y la paz en Venezuela, solicitamos que el gobierno nacional retire la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin más condiciones que el respeto por la voluntad de los venezolanos; que propicie la urgente e indispensable celebración de elecciones generales, mediante el voto universal y secreto; que reconozca a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 como representación legítima de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y al nuevo Tribunal Supremo de Justicia elegido por esta institución haciendo uso de las atribuciones que le confiere la ley”.
Conindustria señaló que espera que el gobierno “escuche el clamor de los trabajadores y de la ciudadanía en general, quienes han decidido paralizar sus actividades laborales y cotidianas durante 48 horas para exigir que se tome en cuenta su voluntad como ocurre en las democracias constitucionales”.
