La Asociación Civil Control Ciudadano aseguró que aún prevalece impunidad en el caso del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el pasado 28 de junio de 2019, tras ser torturado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Ante ello, la presidenta de la institución, Rocío San Miguel advirtió a las autoridades competentes que en este caso se deben establecer “responsabilidades en la cadena de mando”.
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El Ministerio Público (MP) acusó de “homicidio preterintencional concausal” a Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, ambos agentes de la Dgcim , por la muerte del militar venezolano y recibieron una condena de 6 años y 8 meses.
Según activistas y defensores de derechos humanos en el proceso judicial “no fue considerado el delito de tortura y que la pena a los implicados contribuía a la impunidad”.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) aseguró en una misiva que Acosta Arévalo “fue desaparecido, torturado y murió ante un juez.
