Defensores de DDHH aseguran que torturas de 2017 se deben a impunidad de 2014

Luisa Panagua.- Cuatro organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH) aseguraron en una comunicación conjunta que las torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las protestas de 2017, se debe a que el Estado permitió la impunidad en manifestaciones similares del 2014 al no investigar las denuncias que se hicieron en ese momento por estos mismos delitos.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis – Derechos Humanos, Espacio Público y Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos, emiten este comunicado al cumplirse 18 meses desde que el Comité contra la Tortura (CAT) analizara el informe periódico 3ro y 4to combinados de Venezuela de estas cuatro ONG, al que posteriormente enviaron actualizaciones con el fin de impedir y prevenir las torturas.

El documento titulado “De aquella impunidad vienen estas torturas” las organizaciones contrastaron los hechos con los compromisos que asumió el Estado Venezolano en materia de tortura. Por un lado, la realización de investigaciones de denuncias sobre tortura, malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de orden público y, por otra parte, el enjuiciamiento de sospechosos y castigos a aquellos hallados culpables.

La realidad, según datos recabados por estas defensoras de derechos fundamentales, evidencia que no hubo tales investigaciones y, por supuesto, tampoco enjuiciamiento sobre las denuncias del año 2014. En consecuencia, a partir de 2016 se inició una nueva ola represiva en las que se practicaron con mayor énfasis estos tratos crueles contra ciudadanos.

Más aún, el informe tomó los datos hasta mediados del mes de abril de 2017, por lo que faltaría incluir aquellos posteriores sucedidos en las protestas ciudadanas hasta mediados de mayo.

Hasta la fecha, mayo de 2017, el Estado venezolano a incumplido con el plazo para informar al CAT sobre el estatus de sus compromisos, que vencía el 29 de noviembre. A pesar del recordatorio enviado por el relator Jens Modvig, quien hace seguimiento al informe, el gobierno ni siquiera ha respondido a esta comunicación.

 

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