Los abogados impuestos por el régimen de Maduro no realizan diligencias necesarias por sus defendidos, sus promesas no son cumplidas y no presentan pruebas ni reclaman por las condiciones de reclusión.
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Los defensores público, los jueces y fiscales militares forman parte de un corrupto sistema que se ha establecido y que viola los derechos humanos de los presos en Venezuela imputados por “traición a la patria e instigación a la rebelión”, alegando que “reciben órdenes superiores” para presionar a los detenidos y se declaren culpables con la escusa de que así sería “más rápido” el proceso de salida.
Algunos jueces han impuestos de manera arbitraria a los defensores públicos, maniobras distractoras e incluso de retardo, al negar acceso al tribunal de los abogados privados.
El tribunal de la jueza militar primera de control Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, es uno de los más señalados por imponer a defensores público y quien lleva muchos casos emblemáticos por delitos como traición militar.