Director de Foro Penal advierte que no aceptarán negociaciones que excluyan a presos políticos

Patrizia Aymerich.- La oposición venezolana ha escalado en los niveles de protesta y la sociedad civil ha acompañado las actividades convocadas con una agenda propia. Esto fue lo que ocurrió ayer, cuando la opositora Mesa de la Unidad Democrática llamó a un paro nacional, que los ciudadanos convirtieron en un paro-trancazo. La ciudad en silencio, vio además bloqueada sus vías con barricadas erigidas con basura y hasta árboles. El resultado, fue una nueva arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado, que apresaron en un solo día a 412 personas que participaban en la manifestación. Otros cuatro fueron asesinados.

«De estas 412 personas, no se sabe cuáles serán llevadas a tribunales militares», dijo Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que lleva adelante la defensa de los presos políticos en el país. Este ha sido el método utilizado en los últimos tres meses y medio -desde que iniciaron las protestas- por los cuerpos policiales del régimen de Nicolás Maduro, calificada por sus oponentes como una dictadura militar que para el 6 de julio había procesado a 452 civiles en tribunales militares.

El procedimiento está enmarcado en el régimen jurídico que regula a la institución de las Fuerzas Armadas del Estado y que solo involucra a civiles cuando estos han incurrido en delitos o infracciones militares, de acuerdo con los artículos 3 y 123 del Código Orgánico de Justicia Militar venezolano, de 1998.

Artículo 3. De toda infracción militar nace acción para el castigo del culpable. Puede nacer también responsabilidad civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados y la acción respectiva se ejercerá por ante los Tribunales civiles ordinarios.

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Artículo 123. La jurisdicción penal militar comprende:

1. El territorio y aguas territoriales venezolanos; los buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas Nacionales; y el territorio extranjero ocupado por fuerzas nacionales;

2. Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente;

3. Los delitos comunes cometidos por militares en unidades, cuarteles, guarniciones, institutos educativos, establecimientos militares o en instalaciones de entes descentralizados de las Fuerzas Armadas, en funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas.

4. Los delitos conexos, cuando el delito militar tenga asignada igual o mayor pena que el delito común, sin perjuicio de lo establecido en el ordinal anterior.

Sin embargo, por encima de este código está la Carta Magna de 1999 que señala que mientras exista un tribunal civil, los civiles deben ser juzgados por este y no por militares, atendiendo al amparo de los derechos humanos y fundamentales de los cuáles son garantes los órganos del Poder Público.

Artículo 23. ° Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Romero explicó que en los juicios militares, los «jueces te cierran las puertas para que te defienda otro militar y te juzgan sancionándote». «La mayoría de las personas privadas de libertad» están siendo sometidas a este régimen. Con estas nuevas detenciones, hoy más de 1300 personas duermen tras las rejas por pensar distinto. La dirigencia opositora ha señalado que este es el número de presos políticos, pero Foro Penal separa a los detenidos en dos clasificaciones.

«Llamamos presos políticos a aquellos que han sido encarcelados con una orden judicial formal», como los líderes Leopoldo López, Antonio Ledezma, Yon Goicoechea, entre otros, y el más reciente: Carlos Graffe. Con él suman 444. Muchos más que en otros regímenes totalitarios como Cuba (140, en mayo) o China (260, en 2016).

En este sentido, afirmó que «Foro Penal no va a aceptar ninguna conversación o negociación que excluya a los presos políticos. No se puede sentar a hablar con una soga al cuello».

El director de la ONG invitó a la sociedad civil a participar en un foro abierto este domingo a las 11:00 de la mañana en la plaza Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, en Caracas, donde podrán plantear sus ideas y cuestionamientos a dirigentes políticos, ONG, representantes de federaciones y sindicatos. «La resistencia y lucha por libertad no es una anarquía, debe haber posiciones de la sociedad civil reales», dijo a la vez que hizo un llamado a los políticos a involucrarse más con los ciudadanos.

«A veces hay dirigentes políticos que se levantan en la mañana y se ven al espejo, pero solo ven lo que van a decir y cómo lo van a decir, pero se lo dicen a ellos mismos».

Es por esto que en algunas zonas, los vecinos han organizado su propia agenda de lucha, que en algunos casos ha sido motivo de confrontación entre los mismos ciudadanos y abono para el repudio del gobierno nacional a la protesta opositora. «Hay situaciones irregulares de barricadas que no se integran a lo que es una lucha honesta. La lucha honesta debe sobrepasar a las convicciones políticas», señaló.

Sobre los inclusiones violentas que ha hecho el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a propiedades privadas, Romero advirtió que «nadie puede permitir que nadie se meta en su casa sin orden judicial. Porque si usted les está permitiendo a unos malandros vestidos de policías a que entren en su casa, usted le está abriendo las puertas a unos malandros. Es una violencia descarada y grotesca al hogar doméstico y a la privacidad».

Si ellos irrumpen en propiedad privada, explicó, «es porque hay pruebas de que usted tiene algo en su casa que a ellos les interesa, y para ellos revisar necesitan una orden judicial».

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