Han transcurrido 29 días de este 2018 y el gobierno venezolano no emite ni una sola cifra sobre los casos de paludismo en Bolívar.
Sin embargo, la opacidad en las estadísticas oficiales no logra esconder la cruda realidad: en la parroquia Pozo Verde de Ciudad Guayana, los casos de paludismo ya superan los mil contagios, según una fuente consultada por VPItv, que trabaja en el módulo asistencial de esta parroquia rural, una de las que ha registrado fallecimientos por esta patología. Médicos y enfermeras de este sector aseguran que ha habido muertes este año, pero ninguno se atreve a decir cuántas.
Mientras tanto, los pacientes reciben tratamiento (incompleto) en el consultorio de Barrio Adentro del sector 19 de abril, también un poblado rural. En el sitio, los médicos venezolanos están subordinados a las órdenes de un galeno cubano, quien dijo que hoy no podía atender a la prensa por tener “muchas emergencias” en el centro de salud.
En el sitio, les hacían las pruebas y les entregaban tratamiento que hoy sólo alcanzó para 100 pacientes. En la cola quedaron al menos 70 sin recibir las pastillas, y sin tener certeza de cuándo se les va a suministrar el fármaco que alivia los escalofríos y combate el parásito que ha sido alojado en su cuerpo por el mosquito anófeles.
El presidente del colegio de médicos, Hugo Lezama, cuestiona las políticas gubernamentales en cuanto al tema de la materia y sin titubear dice que el Estado “viola los derechos humanos al no atender la epidemia de malaria”. Asegura que no sólo es importante entregar las pastillas, sino fumigar y abatizar las zonas para eliminar el mosquito transmisor. Sostiene que no hay control epidemiológico y exige abrir un canal humanitario.
Entretanto, ni el Instituto de Saud Pública ni la Secretaría de Salud del estado se pronuncian al respecto
