Los funcionarios de la Policía del municipio Urbaneja (Poliurbaneja), en el estado Anzoátegui, deben ser objeto de una “investigación inmediata, exhaustiva e imparcial”, por las agresiones cometidas el pasado 2 de noviembre contra el abogado Carlos Ochoa y cuatro periodistas que intentó defender en una alcabala de Lechería, de acuerdo a un comunicado emitido por varios organismos.
A continuación, lo expuesto anteriormente:
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, comprometidos en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos en el país, rechazamos de forma categórica los hechos ocurridos en horas de la mañana del día dos (02) de noviembre de 2017, cuando siendo aproximadamente las nueve y media de la mañana (9:30 am) el abogado Carlos Ochoa, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Anzoátegui y del OVP, se desplazaba en su vehículo por la avenida principal de Lechería, momento en el cual avistó a unos funcionarios policiales pertenecientes a la Policía del municipio Urbaneja (Poliurbaneja), del estado Anzoátegui, abusando de su autoridad, haciendo uso de la fuerza contra cuatro (04) ciudadanos periodistas, conocidos en la zona.
Es por ello que el Abg. Carlos Ochoa, como abogado y defensor de los DDHH, aparcó su vehículo y se bajo a ofrecer el auxilio a los cuatro periodistas que estaban siendo maltratados con la intención de detenerlos a la fuerza. Al bajarse de su vehículo intentó conversar con los funcionarios, a lo que fue sujetado por la espalda, levantado y asfixiado por uno de los funcionarios, trayendo como consecuencia la pérdida del conocimiento, así como también lesiones en su cuello y hombro izquierdo.
El periodista Carlos Landaeta, quien es el secretario de finanzas del Circulo de Reporteros Gráficos de Anzoátegui, y se le conoce como ‘Kike’, también resultó lesionado en el rostro por los efectivos policiales.
Rápidamente se realizaron las denuncias ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales, y se están realizando las gestiones pertinentes para denunciar ante otras instancias la persecución y ensañamiento, del cual ya varios miembros de nuestro equipo han sido objeto. Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el OVP, rechazamos y repudiamos la actuación de esos efectivos policiales en contra de periodistas que solo cumplen con el deber y el derecho humano de informar, y en contra de un abogado que solo buscó ejercer su profesión, como defensor activo de los DDHH que es en la zona.
Es de suma importancia resaltar que no es la primera vez que un miembro de este equipo haya sido hostigado, perseguido o lesionado por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. El Abogado Carlos Ocha ha sido señalado públicamente por el antiguo gobernador del estado, de forma publica. En rueda de prensa solicitó su aprehensión por efectivos del Sebin, y después de ello fue despojado de su teléfono celular mientras era amenazado con un arma de fuego, a los fines de ubicar información, toda vez que esta comisión manejó catorce (14) audiencias en la Jurisdicción Militar, en el marco de las protestas de este año, y más de doscientas (200) audiencias de presentación ante la Jurisdicción Ordinaria, más el caso del fallecido en protestas Cesar Pereira.
De igual forma otros miembros han sido hostigados y amenazados. Tal es el caso de la abogada y coordinadora de la Comisión, Denisse Hernández, quien ha sido seguida y hostigada por efectivos del Sebin dentro de los tribunales y a las afueras de nuestras oficinas. También fuimos víctimas de un cerco judicial, por el cual jueces y fiscales pretendían canjear nuestra defensa por supuestos e ilusorios beneficios procesales para los imputados.
Es por todo ello que las organizaciones firmantes rechazamos y solicitamos que:
1.- Se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, de los efectivos de la Policía del municipio Urbaneja, estado Anzoátegui, que cometieron estas agresiones.
2.- El cese inmediato de las amenazas, amedrentamiento y seguimiento de los funcionarios policiales del municipio Urbaneja, estado Anzoátegui.
3.- Que el Ministerio Publico otorgue medidas de protección a los miembros del equipo de la Comisión de DDHH y del OVP, tanto por los hechos ya ocurridos, como por el riesgo irreparable de la vida, que implica la presente denuncia, junto a las ya realizadas en las respectivas instancias nacionales, y por los medios de comunicación de mayor circulación de la entidad.
Es justicia lo que esperamos en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2017.
Suscriben:
Observatorio Venezolano de Prisiones
Cofavic
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
Capítulos:
Comisión de DDHH del estado Anzoátegui
Comisión de DDHH del estado Apure
Comisión de DDHH del estado Aragua
Comisión de DDHH del estado Bolívar
Comisión de DDHH del estado Carabobo
Comisión de DDHH del Distrito Capital Metropolitano de Caracas
Comisión de DDHH del estado Falcón
Comisión de DDHH del estado Guárico
Comisión de DDHH del estado Lara
Comisión de DDHH del estado Mérida
Comisión de DDHH del estado Miranda
Comisión de DDHH del estado Monagas
Comisión de DDHH del estado Nueva Esparta
Comisión de DDHH del estado Portuguesa
Comisión de DDHH del estado Táchira
Comisión de DDHH del estado Zulia
Asociación Civil Gente de Petroleo Norte Anzoategui
Camino Democrático
Un Mundo sin Mordaza
Acceso a la Justicia
Sociedad Hominis Iura
Promoción Educación y Defensa de DDHH (Promedehum)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
Fenasopadres Capítulo Anzoátegui
