La Alianza por la Libertad de Expresión repudió agresiones del Gobierno a trabajadores de la prensa

Este miércoles miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar casos de agresión a periodistas y medios de comunicación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

La periodista Silvia Alegrett, denunció que los comunicadores sociales y trabajadores de la prensa están siendo sometidos a persecución, lo que constituye una violación a sus derechos y al de los ciudadanos de estar informados.

a continuación, la carta enviada a la Defensoria del Pueblo.

Caracas, 28 de mayo de 2018.

Ciudadano
Alfredo Ruiz Angulo
Defensor del Pueblo
Su Despacho.

Ciudadano Defensor el Pueblo:
Como representantes de las diversas organizaciones integrantes de la Alianza por la Libertad de Expresión, hemos considerado necesario dirigirnos a usted con carácter de urgencia para plantearle los graves problemas que vienen confrontando los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, especialmente los pertenecientes al sector privado, para cumplir su labor informativa al no contar con el efectivo disfrute de los derechos y garantías que para ello consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes de la República.
Los periodistas, los comunicadores sociales y, en general, los trabajadores de la prensa jugamos un rol fundamental al contribuir de manera decidida con nuestra labor profesional a darle la plena vigencia a los artículos 57 y 58 de la CRBV, que garantizan la libertad de expresión y el derecho de información y prohíben expresamente la censura.
Como usted bien sabe, a través de los materiales y contenidos informativos que recabamos y procesamos, y que son difundidos en los medios de comunicación, se hacen patentes valores inherentes a la democracia como la pluralidad, la diversidad cultural, la libertad de pensamiento y otros consustanciales a las libertades ciudadanas. De allí que todo Estado que se identifique con esos valores respalde el esfuerzo profesional de periodistas y comunicadores, se esmere en mantener condiciones idóneas para que estos puedan buscar libremente informaciones, garantizándole el pleno acceso a las fuentes de información y protegiendo la integridad física de quienes ejercen una labor a menudo riesgosa.
Sin el pleno funcionamiento del proceso comunicacional no hay democracia. Pero Venezuela, señor Defensor, viene acumulando desde hace muchos años estadísticas dramáticas en afectaciones a la libertad de expresión y al derecho de información.
Desde que la polarización política tomó cuerpo en la vida pública venezolana se han ido incrementando ataques, vejaciones, restricciones, censura, desaparición de periódicos, canales de televisión y emisoras de radio y en tiempos recientes se han hecho más frecuentes los casos de lesiones y hasta detenciones a reporteros por el simple hecho de darle cobertura a eventos de diversa naturaleza, incluso tumultuosa o violenta, generados por las difíciles condiciones de vida de los venezolanos más desvalidos, hoy afectados principalmente por un crítico desabastecimiento y carestía de alimentos y medicinas.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, algunas de las organizaciones que integran la Alianza para la Libertad de Expresión dieron a la luz pública informes pormenorizados sobre los casos de violaciones a la libertad de expresión y el derecho de información, con especial énfasis en los ataques contra los periodistas de calle.
Señalan esos informes que, por ejemplo, sólo en el año 2017 se documentaron 708 casos que suman 1.002 denuncias de violaciones del derecho humano a la libertad de expresión. En ese período al menos 13 reporteros fueron detenidos arbitrariamente.
En esta oportunidad resulta imprescidible hacer hincapié en una situación anómala que se ha presentado en la sede del Poder Legislativo, el Capitolio Federal, donde tienen asiento las deliberaciones de la Asamblea Nacional. Es el hecho que en las últimas semanas el personal de seguridad, dirigido por el coronel GNB, Bladimir Padrino, ha impedido el acceso a los reporteros de todos los medios para dar cobertura a las plenarias de ese cuerpo legislativo.
No hay una sola razón que pueda justificar esta inaceptable obstrucción al desempeño profesional de los periodistas, ni tiene ninguna potestad el representante del mencionado cuerpo militar para impedir que los representantes de la AN, elegidos por el voto popular, puedan informar a la población sobre el desarrollo y resultado de su labor parlamentaria.
Por los menos en seis ocasiones les fue impedido el acceso a los periodistas al palacio federal y por consiguiente al hemiciclo donde se realizan las sesiones plenarias de la AN. En la oportunidad más reciente, el pasado 15 de mayo, los señores diputados se solidarizaron con los representantes de la prensa y salieron a exigir se levantara el cerco militar. Esta actitud fue respondida violentamente por los uniformados y el propio jefe de la seguridad, el mencionado coronel Padrino, tumbó la cámara del reportero gráfico de Venevisión, José Rivas, y le ocasionó una lesión en el rostro. No es la primera vez que este oficial de la GNB comete atropellos semejantes por su propia mano, incluso contra mujeres periodistas.
En otras oportunidades, los reporteros han sido golpeados, lanzados al suelo, destruidos o robados sus equipos de trabajo e inutilizado el material informativo que habían recabado.
Pero no solamente se trata de las agresiones cometidas por el personal uniformado a cargo del coronel Bladimiro Lugo. Es el caso de que en ocasiones copartidarios del gobierno nacional se han presentado a la sede de la Asamblea Nacional y allí han arremetido ferozmente contra periodistas y parlamentarios sin que se produzca la más mínima intervención del personal que está destacado justamente para garantizar la seguridad de todos quienes allí laboran. En ocasiones periodistas y parlamentarios han permanecido secuestrados hasta altas horas de la noche por esos grupos paramilitares.
Resulta verdaderamente inaudito e incomprensible, señor Defensor, que ante tan graves y evidentes irregularidades y violaciones a los derechos humanos y profesionales ni una sola voz se levante en el concierto de las instituciones del Estado venezolano, a excepción de la Asamblea Nacional, para exigir el cese de tales atropellos y el respeto a la labor profesional de los periodistas, reporteros gráficos y de quienes los asisten en su trabajo.
Estas anómalas situaciones que se presentan en torno a las garantías para el ejercicio del periodismo en Venezuela configuran uno de los más grandes déficits de la democracia en nuestro país.
Ahora bien, el artículo 80 de la Constitución Nacional pone a cargo de la Defensoría del Pueblo “la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.
De igual manera, el ordinal 3 del artículo 281 faculta a su despacho para “instar al Fiscal a la Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos”. Igual solicitud puede elevar ante el Consejo Moral Republicano de acuerdo al ordinal 5 del mismo artículo y puede, según el ordinal 6, “visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar los derechos humanos”.
Al citar estos artículos constitucionales, lo que queremos señalarle es que usted y el despacho a su cargo tiene todas las facultades y obligaciones legales para introducir los correctivos que se necesitan en la situación descrita.
En tal sentido, muy respetuosamente tenemos a bien solicitarle:
Promueva una reunión conjunta de su despacho con las comisiones de Medios y de Política Interior a fin de conocer de manera pormenorizada los eventos de carácter violento dirigidos contra los periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Nacional y los impedimentos u obstrucciones que le están interponiendo para su labor informativa.
Que de las resultas de la reunión anterior inste al ciudadano Fiscal General de la República a que intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su receptividad y atención a la presente, nos suscribimos de usted,

Atentamente,
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello
Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela
Colegio Nacional de Periodistas
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Dirección de Publicaciones de la UCAB
Escuela de Comunicación Social de la UCAB
Escuela de comunicación Social de la UCV
Espacio Público
Expresión Libre
Federación Venezolana de Escuelas de Comunicación Social (FEVECOS)
Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV
Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)
Periodistas y Punto
Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello
Revista Comunicación del Centro Gumilla
Ser Investigación y Comunicación
Transparencia Venezuela
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