Según Gaceta Oficial del 3 de mayo de 2021, Nicolás Maduro modificó la Providencia que impone el registro a las asociaciones civiles sin fines de lucro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
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Aún así, como informó Rocío San Miguel, persisten algunas amenazas contra las ONG que promueven los derechos a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esto, al ejercicio de la contraloría ciudadana y la defensa de los derechos políticos de todos los venezolanos.
El primer cambio de la providencia es que suprimió el artículo 6, numeral 5, del texto original, que exigía a las ONG entregar el listado con la identificación de las personas beneficiarias de la asistencia benéfica, humanitaria o de DD.HH.
Aunado a esto, se eliminó el artículo 16 que se remitía, en caso del incumplimiento de la providencia, a las sanciones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, sin especificar tipo penal ni sanciones.
Según refiere la defensora de derechos humanos, tras aplicarse esta nueva providencia, “conjuntamente con la inconstitucional Ley de Defensa de la Soberanía Política, se han desarrollado mecanismos coercitivos para criminalizar la recepción de cooperación internacional a #ONG dedicadas a estos asuntos vitales para la democracia”.
