La coordinadora de la Mesa Social de Caracas y secretaria general de Avanzada Progresista (AP) en esa ciudad, Maribel Castillo, emitió un comunicado a nombre de todos los miembros que hacen vida en dicha organización, para pronunciarse en contra del procedimiento ejecutado por el gobierno nacional el pasado lunes en El Junquito, que acabó con la vida de al menos nueve venezolanos.
Lea el texto a continuación:
Pronunciamiento de la Mesa Social de Caracas
Aterrados y conmovidos, condenamos y rechazamos los terribles hechos de genocidio, ajusticiamiento, ejecución extrajudicial, barbarie, masacre, uso excesivo de la violencia y violación de derechos humanos, ocurridos en el kilómetro 16 de la parroquia El Junquito, específicamente en la Urbanización Araguaney, el pasado lunes 15 de enero.
Vecinos de la zona nos informaron lo vivido: El Junquito estuvo en zozobra desde el domingo 14 de este mes en la noche, cuando empezaron a observar grandes movilizaciones de órganos de seguridad, vehículos de guerra, tanques militares, armamentos de alto calibre, lanza granadas, entre otros, para buscar al exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, así como también a sus acompañantes, civiles rebeldes que, para nosotros, pasaron a ser héroes libertadores, pues en sus acciones de alzamiento ejercidas en 2017, nunca hubo heridos ni asesinados.
También nos comentaron que en la parroquia suspendieron los servicios de luz, Internet y transporte; que vivieron el terror de escuchar los disparos y las detonaciones de armas de alto calibre a diestra y siniestra, sin importarles que hubiera civiles alrededor de la zona. A las personas que se movilizaban en sus carros las paraban y les revisaban hasta los teléfonos. Hubo pequeños focos de manifestaciones vecinales, que fueron controlados por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Los habitantes de ese sector, aparte de incomunicados, no podían salir de la urbanización. Era una especie de toque de queda. Es tan lamentable lo ocurrido, que hasta los momentos se maneja oficialmente el asesinato de estos siete jóvenes de manera brutal, en este terrible operativo lleno de excesos, vicios y un odio descomunal. Entre los “ajusticiados” también figura una mujer embarazada de 26 años, y el líder del colectivo “Las Tres Raíces” del 23 de Enero, Heiker Vásquez, quien al mismo tiempo se desempeñaba como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Constitución de la República de Venezuela, en su artículo 43, prohíbe de manera expresa a las autoridades aplicar la pena de muerte. El día lunes presenciamos en vivo, a través de las redes sociales, los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de unos ciudadanos que manifestaron su intención de entregarse voluntariamente. Sin embargo, no se les permitió hacerlo, por lo que sus derechos humanos fundamentales fueron vulnerados. El derecho a la vida y el derecho a no sufrir torturas están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo debieron abrir inmediatamente las investigaciones, y establecer las responsabilidades a las que haya lugar, pues se violó también el Protocolo Nº 13 del Convenio Europeo, que habla de los Derechos Humanos, y que prohíbe la pena de muerte en todas las circunstancias, inclusive en tiempos de guerra.
Por esto, rechazamos y condenamos todo lo acontecido en la masacre de El Junquito, y solicitamos restablecer el Orden Constitucional, como lo dice nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela:
Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
